Ambos funcionarios salieron a respaldar al presidente de Talleres luego de la conferencia de prensa que brindó este mediodía en Córdoba.
El escándalo entre Andrés Merlos y Andrés Fassi explotó el sábado en uno de los vestuarios del Malvinas Argentinas de Mendoza y siguió desprendiendo esquirlas hasta hoy. Luego de que el árbitro denunciara públicamente haber sido increpado y amenazado con “un arma de fuego”, el presidente de Talleres salió a contar su verdad de los hechos en una conferencia de prensa y, horas más tarde, fue respaldado por dos figuras importantes de la política nacional.
Alejado un poco del mundo de la pelota luego de que su candidato Andrés Ibarra cayera en las elecciones de Boca contra Juan Román Riquelme en diciembre del 2023, Mauricio Macri salió a apoyar en su cuenta de X al máximo directivo del conjunto cordobés: “Me da mucha tristeza, con el amor que le tengo al fútbol argentino y a Boca, que Fassi tenga tanta razón”.
El ex Presidente de la Nación y actual conductor del PRO no fue el único funcionario que bancó a Fassi. También lo hizo Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, y este lunes designado como nuevo presidente del ENARD. A través de su cuenta personal, contó que le hizo sonar el teléfono: “Me comuniqué con el dirigente deportivo Andrés Fassi, presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, para brindarle todo mi apoyo y solidaridad en este momento en el que se animó a expresar su hartazgo ante las malas prácticas en el fútbol argentino”.
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Al igual que Fassi, tanto Macri como Scioli intentan con el Gobierno de Javier Milei impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. En la vereda de enfrente aparece Claudio Tapia, mandatario de AFA, quien en reiteradas ocasiones manifestó estar en contra del desembarco de empresas privadas para conducir a los clubes.
De hecho, semanas atrás festejó la aprobación de una medida cautelar de la Justicia que dejaba sin efecto dos artículos del DNU. Este mega decreto le daba a la Asociación del Fútbol Argentino un año de plazo para modificar su estatuto con el objetivo de que permitiera el ingreso de las SAD, máximo en 365 días.
