Cuando no se cuenta con mayorías en el parlamento, como le ocurre al Gobierno de Gabriel Boric, el llegar a acuerdos con la oposición parece ser la única vía para llevar a cabo una agenda legislativa, y el caso de la reforma de pensiones es fiel muestra de ello.
El oficialismo no se encuentra en una buena posición política. Su aprobación popular se encuentra en uno de los puntos más bajos de su mandato, la situación de inseguridad y delincuencia se instaló como uno de sus puntos débiles, y en materia legislativa hasta el momento no ha logrado impulsar sus reformas y proyectos insignes. El Gobierno necesita un hito, un legado para ser recordado.
Es por eso que desde La Moneda han puesto especial énfasis en los proyectos de pensiones y tributario buscando sacarlos adelante a toda costa, llegando a “acuerdos” con la oposición, si es necesario. Lo que muchos olvidan en política es que los acuerdos son un medio para llegar a posibles soluciones mas no son un fin en sí mismos. Si bien en ocasiones los acuerdos son necesarios o deseables, en el caso que se proponga un mal acuerdo que nos aleja de la solución, un mínimo exigible a nuestros parlamentarios es no adherir a ellos.
Es en este contexto que hay que analizar el debate por las pensiones y la reforma al sistema. La alternativa escogida por el Gobierno del Presidente Boric para intentar aumentar las pensiones no solo parece técnicamente mal diseñada, sino que también desoye la experiencia nacional e internacional y aspectos primordiales para llevar a cabo una reforma previsional. Se hizo eco de la obstinación de sectores de izquierda con reintroducir elementos de un sistema de reparto en pensiones lo que debilita el sistema de cuentas individuales, en que cada trabajador es dueño del dinero de su propia jubilación, del cual tan solo el 30% de dichos recursos es dinero aportado por los afiliados, y el 70% es rentabilidad obtenida, en gran medida, gracias a la labor de las AFP.
Lamentablemente, las propuestas del Gobierno, lejos de mejorar el sistema, tiene claros objetivos de instaurar un sistema paralelo de reparto, que no solo no se sostienen en el tiempo, sino que vulnera el derecho fundamental de la propiedad y dinamita un sistema que se ha ido perfeccionando por más de 40 años.
Un sistema de reparto, en términos generales, contempla que la población laboralmente activa, es decir, los actuales trabajadores, destinen su cotización obligatoria a un fondo común, del cual se extraen los recursos para financiar las jubilaciones de la población inactiva, es decir los actuales pensionados. En resumen, quienes ahora trabajan pagan las pensiones a quienes ahora se encuentran jubilados.
El proyecto de reforma previsional, que actualmente se encuentra en el Senado para ser discutido por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, busca aumentar la cotización obligatoria de un 10% a un 16%, y de dicho 6% adicional, se propone que la mitad fuera destinada a un fondo común de reparto administrado por alguna nueva entidad estatal. Es decir, más burocracia, donde el Estado maneja los recursos de las personas, y administre el reparto en una sociedad que envejece. Los ingredientes para una receta fatal.
La insostenibilidad de un sistema previsional basado en el reparto salta rápidamente a la luz: en una población que envejece a ritmo acelerado como la chilena, en pocos años la población activa no dará abasto para financiar las pensiones de toda la población inactiva, por lo que el sistema sostenido en la equiparación trabajador – jubilado rápidamente colapsará.
Sin embargo, transitar hacia un sistema de reparto contiene también defectos intrínsecos. Supone una forma encubierta de expropiación que vulnera el derecho de propiedad garantizado en la Constitución y en diversos tratados internacionales, pues el trabajador perderá el fruto de su trabajo bajo la promesa de recibir el fruto del trabajo de otro en un futuro, lo cual ni siquiera es una certeza.
No obstante, el Gobierno busca negociar con la oposición -mayoría en la Cámara Alta-, para destrabar la reforma. Así, la atención estará puesta en si el Gobierno insiste o no en mecanismos de reparto y en entidades estatales de administración y que acuerdo logra alcanzar con la oposición.
Insistir en un mecanismo de reparto, tal como lo hace el propio proyecto de ley liderado por la ministra comunista del Trabajo, Jeannette Jara, y en los documentos que ha puesto sobre la mesa el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, responde más a asuntos ideológicos que a argumentos técnicos, desatendiendo también el sentir de la gran mayoría de los chilenos: un 92% está de acuerdo o muy de acuerdo en tener la propiedad sobre sus fondos previsionales y que estos sean heredables (Panel Ciudadano UDD, 2023).
Por ello, toma relevancia el debate por “los acuerdos”. Ya han sido muchas ocasiones que el llegar a los tan ansiados “consensos” significa más bien subirse a sus pretensiones ideológicas -profundamente dañinas, por lo demás-, entregando la convicción y la fidelidad a los votantes a cambio de réditos cortoplacistas..
La oposición debe ser cautelosa en no dejarse llevar por relatos que hagan ver llegar a consensos con el Gobierno como algo positivo en sí mismo. Si hablamos de la propiedad de las pensiones y el futuro de un sistema que define la jubilación, los acuerdos deben ser buenos, o simplemente no debería haber acuerdos. Es ahora, en el Senado, donde se librará la más dura de las batallas: proteger las jubilaciones de las manos de políticos que tienen como consigna hacer solidaridad, pero con dinero ajeno.
