Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián (USS), sacó la voz tras la polémica generada por el sueldo de $17 millones que recibía Marcela Cubillos por realizar clases en la casa de estudios, asegurando que fue “un pecado de omisión” la abultada remuneración de la ahora candidata a alcaldesa por Las Condes.
En entrevista con La Tercera, Lavados reconoció que no estaba al tanto del millonario sueldo de Marcela Cubillos, apuntando que “es un pecado de omisión mío, claramente. No revisé el total de remuneraciones, entre otras cosas, porque la universidad tiene 6.000 académicos”.
En esta línea, expresó que esta situación “hiere muchas sensibilidades y por eso hemos señalado dos cosas: es una excepcionalidad, y hay procedimientos claros al respecto”, apuntando que “dado que esta es una institución regulada que cumple funciones públicas, que genera bienes públicos, creo que tiene que ser extremadamente responsable por lo que hace y dar cuenta”.
A pesar de ello, Hugo Lavados defendió la labor realizada por Marcela Cubillos como académica de la Universidad San Sebastián, expresando que “cumplió cabalmente su contrato, uno de jornada completa, continuó haciendo clases y enviando material como se había planteado en el periodo en que estaba en Madrid, hizo clases a distancia, con lapsos”.
Junto con ello, agregó que la ex ministra de Educación también tenía otras tareas como “divulgación, extensión y escribir planteamientos respecto a problemas importantes del país”.
No obstante, el rector de la USS aseguró que entiende las críticas por este hecho y que a partir de ello “nos ha permitido además reforzar los procedimientos, y ya está funcionando un comité respecto a analizar aquellos casos que podrían ser considerados excepcionales. Se entiende perfectamente y por eso hemos estado trabajando fuerte para responder a aquellos organismos que están calificados para hacernos preguntas”.
En cuanto a la investigación que lleva adelante la Superintendencia de Educación Superior, Hugo Lavados se mostró “tranquilo” y descartó que recursos públicos hayan sido destinados a labores que no guarden relación con el ámbito académico.
