Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, vio en las últimas 24 horas cómo su permanencia en el Poder Judicial quedó sentenciada, luego que la Cámara de Diputados aprobara la acusación constitucional en su contra, mientras el máximo tribunal resuelve su cuaderno de remoción.
La jueza, que arribó a la Corte Suprema en 2018, ni siquiera quiso asistir a la presentación de los alegatos de su defensa ante el pleno del tribunal, integrada por Cristóbal Osorio, Daniel Contreras y Patricio Moreno, además de Juan Carlos Manríquez, los que tendrán una hora para hacer sus descargos y responder a las acusaciones de intervenir en la designación del conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y Concón, además del Fiscal Nacional; irregularidades en la tramitación de la arista Muñeca Bielorrusa; intervención en el nombramiento de ministros y tramitación de causas con el abogado Luis Hermosilla; y la entrega de información de causas relacionadas con FFAA y Carabineros.
Horas antes, Ángela Vivanco vio cómo la Cámara de Diputados apoyaba transversalmente la acusación constitucional en su contra, por notable abandono de deberes, la cual pasó al Senado y comenzará a ser vista desde el próximo 15 de noviembre. Esto, a pesar de sus intentos de inhabilitar a 62 diputados de la votación.
En su presentación ante los parlamentarios, su defensor Juan Carlos Manríquez cuestionó la legalidad de la evidencia que sustenta el libelo contra su defendida, asegurando que solo nueve mensajes de las 409 conversaciones que sostuvo con Luis Hermosilla tienen cierto interés y que los tres usados para defender la acusación están descontextualizados.
Junto con ello, desestimó la injerencia de la ministra Vivanco en designaciones de cargos. Sobre este punto, argumentó que la Cámara Baja no puede votar con “cuatro rumores y dos medias verdades”.
Sin embargo, esto no cambió la percepción de los legisladores y por 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, se aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional en su contra y será el Senado el encargado de ratificar -o no- su destitución del cargo y la imposibilidad de desempeñar cargos públicos por cinco años.
Frente a este escenario adverso y que marcará su salida del Poder Judicial, su defensa ya analiza recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo adelantó Cristóbal Osorio, asegurando que el libelo en su contra era inconstitucional en forma y fondo, pero dejando ver que la palabra final la tiene la propia Ángela Vivanco.
