Las diversas crisis ecológicas que hoy vive la humanidad, amenazan seriamente la garantía de derechos humanos, sobre todo aquellos relativos a la vida, el acceso al agua y sistemas de saneamiento, la alimentación, la salud, la vivienda, la cultura y el desarrollo.
Las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación, particularmente, están mermando la calidad de vida de millones de personas en el mundo. En nuestro país, son diversos los casos donde eventos meteorológicos extremos o industrias contaminantes amenazan a las comunidades locales, afectando directamente su calidad de vida y sus derechos.
Sin ir más lejos, hace unos días, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expuso ante las comisiones de Medio Ambiente -de la Cámara de Diputadas y Diputados- y de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales -del Senado- los resultados de diversos informes elaborados por la organización, relativos a los hallazgos de sus observaciones y recomendaciones para el Estado respecto de las inundaciones de las regiones de O’Higgins y Maule en 2023; los incendios forestales de las regiones de Ñuble y Biobío; la situación en el ex vertedero de La Chimba, y la más reciente misión de observación en la zona de Quintero-Puchuncaví, reportes que hasta hace algunos días no habían tenido mayor atención desde los poderes del Estado.
Aunque estos informes se refieren a distintos desastres -los que, además, datan de diversas fechas-, todos tienen en común dos asuntos: por una parte, dan cuenta de importantes conflictos socioambientales que afectan las condiciones de vida y dignidad de las personas que habitan en esos lugares, vulnerando sus derechos a la salud, vivienda, vivir en un medio ambiente libre de contaminación y educación y, por otra, ponen de manifiesto las enormes deudas del Estado en aquellos territorios (y tantos otros).
Esto no es un asunto baladí: estos reportes se refieren a algunos de los casos más emblemáticos en el país en lo que respecta a crisis socioambientales y, pese a la enorme difusión que han tenido, lo cierto es que aún no se ha hecho lo necesario por parte del Estado para resarcirlos, lo que nos hace preguntarnos con qué celeridad se opera en las luchas de comunidades que tienen menor exposición y, por lo mismo, son aún más vulnerables.
En nuestro país, el Estado está en deuda desde hace mucho tiempo en estas materias, pero la crisis climática hoy nos obliga a actuar con mayor premura y diligencia en acciones que permitan garantizar los derechos de todos los y las habitantes del país.
Sin embargo, seguimos lejos de aquello. Pese a que, en un comienzo, el gobierno anunció su abierta intención de desplegarse como una administración ecologista, la realidad dista mucho de ello, y escándalos como las salidas de los directores regionales de Conaf, en Magallanes, y del Servicio de Evaluación Ambiental, en Antofagasta, en el marco de conflictos con industrias altamente contaminantes en aquellos territorios y donde se ejerció una enorme presión desde las industrias en cuestión, es una triste evidencia.
En esa línea, durante el último periodo de sesiones en torno a la Asamblea General de las Naciones Unidas se le dio mucho espacio a las discusiones sobre los desafíos que enfrentan los países miembros de la organización en materia climática. En ese escenario, y en el marco de su exposición en la Cumbre del Futuro, el presidente Gabriel Boric expresó una frase que resuena hoy: “Si no hemos hecho lo que debemos para construir un mundo mejor, todavía estamos a tiempo para hacerlo”. Espero que esta declaración no se quede en la grandilocuencia de un lindo discurso en un escenario diplomático y el gobierno, de una buena vez, dé las señales necesarias en esta materia. Como postuló el Ejecutivo, todavía están a tiempo.
