“Ayer hablé con el presidente”, fue el chat del psiquiatra Alberto Larraín, que se dieron a conocer entre el fundador de Procultura y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies.
La referencia la hizo para dar impulso a un proyecto cultural y turístico ubicado en zona de Cerro Sombrero, en la comuna de Primavera, y otro en Torres del Paine, lugares que Boric representó cuando fue parlamentario por ocho años.
Los siguientes mensajes tenían un tono de presión. “Llevamos 15 meses tramitando lo del proyecto de turismo integrado de Tierra del Fuego”, dijo Larraín al gobernador el 30 de mayo. “Para ver si logras ponerle acelerador, mañana voy a hablar con la ministra de Relaciones Exteriores, para que vayamos avanzando”.
El trato que le daba el gobernador en las conversaciones era de quien no ponía, en duda que las gestiones se habían hecho. Se mostraba siempre solícito a atender sus demandas.
Larraín tenía muy buenas relaciones con el presidente Gabriel Boric desde al menos desde 2018, cuando el entonces diputado hizo público que sufría de Trastorno Obsesivo Compulsivo y “se armó una bancada transversal en el Congreso y se le pidió a Larraín realizar la coordinación técnica”.
Por su parte el fiscal nacional Ángel Valencia, fue informado de la nueva arista que abriría Palma y que contemplaba interrogar a Karamanos y al presidente Boric por el caso Procultura.
La ex primera dama había trabajado en Procultura y “convenientemente” en la tarde de ese mismo día 26 de junio el fiscal Ángel Valencia, saca de la causa a Palma y se la encargó al fiscal Patricio Cooper. Después se conocerían diálogos posteriores de Palma con Hermosilla, lo que permitiría su suspensión como fiscal, en septiembre.
La salida del caso de Palma había ocurrido luego de que Ciper Chile publicara el 15 de junio la existencia de un supuesto chat de Palma con el abogado Luis Hermosilla, el cual no consta en el celular incautado al penalista, como reconoció la fiscalía.
El avance de las diligencias de Palma puso en cuestión, la velocidad de avance del nuevo fiscal a cargo, quien lleva tres meses y medio con la causa totalmente detenida.
Todo indica que la presión de los medios, le hicieron mostrar resultados, de ahí la incautación de esta semana. Tras 15 meses de investigación, finalmente se incautaron los celulares y computadores de Alberto Larraín, fundador y director de la Fundación Procultura.
Pareciera que todos, excepto los responsables de conducir el caso sabían que era necesario hacerlo antes.
Larraín, un hombre exitoso que ha intervenido en casi todas las áreas sociales, debe estar entre las personas que más fondos públicos ha recibido en la historia de los concursos públicos. Con los miles de millones adjudicados a través de los distintos RUTs de empresas, debió al menos sospechar que los concursos estaban inclinados a su favor, ya sea por diseño o por error.
Su golpe maestro se produjo el 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador Claudio Orrego (ex DC) de nombrar a Larraín director de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo Orrego.
Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a esa fundación para el programa para evitar suicidios.
Con las pesquisas de Palma, se había establecido que la fundación creada en 2010 había aumentado en 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022 —año en que asumió el actual gobierno—, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.
Parece que el tráfico de influencia no es monopolio de algunos ministros de la Corte Suprema.
