El arresto domiciliario fue puesto en entredicho por un grupo de diputados de Demócratas e independientes, luego que la ex alcaldesa Cathy Barriga, quien cumple la medida cautelar en medio de la investigación por fraude al Fisco en la municipalidad de Maipú, anunciaba que seguía los pasos de Camila Polizzi, indagada en una de las aristas Convenios, y se uniría a una plataforma de contenido erótico.
Ante esta situación, la bancada de Demócratas, liderada por Joanna Pérez, presentó una iniciativa para que las personas que cumplan arresto domiciliario tengan un acceso limitado a redes sociales o no puedan generar ingresos a partir de ellas.
“Se entenderá quebrantada la cautelar (…) cuando, a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, el formalizado se comunique u obtenga beneficio pecuniario para sí o para un tercero”, consigna la propuesta.
Este proyecto encontró apoyo en la jefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, quien expresó que “tanto en el caso de la ex alcaldesa Cathy Barriga como de la ex candidata a la alcaldía Camila Polizzi, ambas hoy están formalizadas por delitos de corrupción que involucran hechos de engaños, que involucran recursos públicos y que involucran a personas a inocentes y que finalmente eso se encuentra de fondo”.
En tanto, el diputado Rubén Oyarzo (IND) agregó que “no puede ser que una persona que vaya presa no tenga acceso internet, no tenga acceso a los teléfonos; y en cambio una personas que comete delitos de fraude al Fisco y de corrupción vaya presa a la casa y esté lucrando en plataformas digitales como el Only Fans”.
Camila Polizzi y expertos unidos contra la norma
Este anuncio encontró rápida respuesta en Camila Polizzi, una de las aludidas, quien no tuvo dudas en calificarlo de “inconstitucional”.
A través de sus cuestionadas redes, Polizzi arremetió contra la iniciativa: “¿Y la presunción de inocencia? Un proyecto de ley que va en contra de la propia Constitución”.
Estas palabras encontraron respaldo en expertos en la materia, como el profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego, quien la tildó derechamente de “absurda“, agregando que “el arresto domiciliario no es una pena y tratar de transformarla en una es atentar contra lo poco que queda de la presunción de inocencia”.
“Lo ideal es que los imputados gocen de la mayor libertad posible, que la restricción sea la mínima necesaria”, puntualizó Riego.
Gonzalo Hoyl, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, declaró a Emol que esta propuesta incluso puede afectar la libertad de expresión de los involucrados y el derecho a ejercer una actividad económica.
“Las comunicaciones en redes sociales deben ser analizadas en el contexto de cada caso. Si no están interfiriendo directamente en la investigación, no existe una razón suficiente para restringirlas. Se trata de un principio básico en las medidas cautelares: la proporcionalidad y necesidad de la medida”, aseveró.
Pero la postura contraria de los expertos no amilanó a la diputada Joanna Pérez, quien defendió el contenido de su proyecto, apuntando en radio Agricultura que su intención es generar un debate sobre el uso de las nuevas tecnologías.
“Usted está hablando de personas que están siendo investigadas, formalizada en materia de fraude al fisco y donde existe una medida cautelar que es arresto domiciliario, puede ser parcial o total, pero que hay ciertas condiciones que cumplir que están catalogadas“, sostuvo la legisladora, quien puntualizó que “probablemente por lo añejo que es nuestro sistema jurídico, no considera este tipo de plataformas que inclusive pudiera el día mañana afectar una investigación en curso”.
