El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó su proyecto de reforma al nombramiento de jueces en el Poder Judicial, luego de la crisis generada por el caso Audios en la Corte Suprema, que terminó incluso con la remoción de Ángela Vivanco.
Entre las principales medidas está la creación del llamado Consejo de Nombramientos de Jueces, que seleccionara a los candidatos en base al mérito y será integrada en su mayoría por miembros del Poder Judicial con mandatos limitados a cinco años, sin posibilidad de reelección.
Junto con ello, se separarán las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema, donde la primera será gestionada por un organismo autónomo bajo el alero de Contraloría y así los jueces se centren en la dictación de sentencias.
Cómo será el nombramiento de jueces
- Se crea el Consejo de Nombramientos
Se propone la creación del Consejo de Nombramientos, que tendrá como función única la preparación de propuestas de candidatos al Poder Judicial en base a concursos.
Tendrá una integración mixta con mayoría de miembros del Poder Judicial, sujetos a un mecanismo de selección por sorteo. Los miembros del Consejo estarán en el cargo por cinco años y sin reelección. En tanto, para el caso de los ministros de la Corte Suprema, se mantiene la ratificación del Senado.
- Gestión administrativa queda a cargo de organismo no jurisdiccional, sujeto a rendición de cuentas ante la Contraloría
Se crea un organismo encargado exclusivamente de la administración y gestión de los recursos destinados al funcionamiento de los tribunales, que gozará de autonomía y que debe rendir cuentas ante la Contraloría General de la República.
Los funcionarios actuales del Poder Judicial serán nombrados mediante mecanismos de reclutamiento administrativo propios de cualquier organismo público. La competencia en materia de gestión financiera se extenderá a todos los tribunales de la República, con excepción del Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral.
- Se elimina la Superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema
En la actualidad, la Corte Suprema tiene superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, excluidos el Tribunal Constitucional y la justicia electoral. Al separarse la función jurisdiccional de la función administrativa, esta atribución deja de existir.
- La Fiscalía Judicial queda a cargo de evaluar e investigar conflictos de interés y responsabilidad disciplinaria
La competencia para evaluar los conflictos de interés, investigar las infracciones a la probidad y llevar a cabo las investigaciones de esa índole estará a cargo de la Fiscalía Judicial, encabezada por el Fiscal Judicial de la Corte Suprema. Quienes se desempeñen en dicho lugar no podrán ejercer funciones jurisdiccionales.
Corresponderá también a la Fiscalía Judicial emitir dictámenes generales sobre asuntos vinculados a conflictos de interés, los que tendrán carácter vinculante para los miembros del Poder Judicial.
- Eliminación definitiva de los abogados integrantes
Para evitar conflictos de interés y preservar la independencia de los tribunales, se eliminará la institución de los abogados integrantes y se establece que la función jurisdiccional sólo puede ser ejercida por los jueces.
- Colegios profesionales el control de la ética y se definen sanciones judiciales para quienes incumplan
Se incorpora la legitimación activa para todos los colegios profesionales, para que demanden judicialmente la aplicación de sanciones a quienes ejercen la profesión, independientemente de su afiliación.
