La recién finalizada COP 16 de Biodiversidad celebrada en Cali, Colombia, reforzó la relevancia de la conservación de ecosistemas marinos. Sin ir más lejos, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, fue designada “Champion” para destrabar las negociaciones sobre biodiversidad marina, costera e insular. En ese rol es que se logró un acuerdo respecto de modalidades para actualizar y ampliar las descripciones de las zonas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSAS) y se instó a más países a firmar el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), para que este pueda entrar en vigor.
En nuestro país, el 21 de agosto se cumplió un año de la promulgación de la Ley SBAP, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Se trata de un pilar fundamental de la institucionalidad ambiental en Chile, necesario para garantizar la conservación de nuestra biodiversidad. Sin embargo, su lenta implementación preocupa: de los 21 reglamentos necesarios para que la ley entre en vigencia plena, sólo dos han sido sometidos a consulta pública, por lo que parece difícil que se logre cumplir con el plazo fijado para el 6 de septiembre de 2025.
En el mismo sentido, el país está al debe en la creación de planes de manejo para sus áreas protegidas. Actualmente, en Chile existen 28 áreas marinas protegidas, lo que representa alrededor de un 43% de su Zona Económica Exclusiva, superando -al menos nominalmente- la llamada Meta 30×30 -una de las principales del Marco Mundial de la Diversidad Biológica- respecto de ecosistemas marinos. Sin embargo, 22 de esos 28 espacios (casi el 80%), no cuentan con un plan de manejo , lo que impide que se cumplan los objetivos de protección y conservación para los que fueron creadas, es decir, carecen de una protección y gestión efectiva.
Estas demoras y carencias impactan directamente en nuestras áreas protegidas, tan valiosas para resguardar nuestro patrimonio ambiental, darnos resiliencia frente a la crisis climática y, en general, darle chance a la naturaleza de regenerarse.
Un caso emblemático es el de la Reserva Nacional Kawésqar, expuesta desde antes de su creación a los impactos de la industria salmonera. En ella existen hoy 67 concesiones de cultivo de salmón aprobadas, mientras otras 55 están en trámite para iniciar operaciones. Varias de las concesiones muestran señales de desgaste ambiental, como condiciones anóxicas o
anaeróbicas en el agua y altos índices de contaminación, y existen procesos sancionatorios contra otras tantas. La falta de un plan de manejo efectivo que gestione adecuadamente el área debilita su capacidad para cumplir su función de protección.
Chile tiene la posibilidad de sacar adelante dicho plan, destrabando el proceso participativo que las comunidades Kawésqar llevan esperando hace casi cinco años, desde la reclasificación de la Reserva Nacional Los Alacalufes en el año 2018. En esa ocasión, se ampliaron los territorios de la reserva y se reclasificó, creando el Parque Nacional Kawésqar en territorio terrestre y la Reserva Nacional Kawésqar en sus aguas marinas. Uno de los propósitos detrás de estos cambios fue proteger dichas aguas y responder a las demandas del pueblo Kawésqar. Sin embargo, el proceso de elaboración del plan de manejo para esta área protegida sigue estancado, y el plazo para realizar la consulta indígena comprometida con las comunidades ya está vencido.
El hallazgo del cadáver de una ballena jorobada enmallada en un centro de cultivo de salmones de Australis Mar S.A., dentro de la reserva, es un duro recordatorio de la urgencia de actuar. Cabe recordar que, de las 94 especies de cetáceos que hay en el mundo, 43 se encuentran en Chile y 26 habitan específicamente en la Patagonia. Pero, lamentablemente, ni nuestros mares, ni sus áreas protegidas son hoy espacios seguros para la biodiversidad marina.
A pesar de la falta de estudios y de información o registros oficiales, existen muchos casos documentados de muertes de delfines y ballenas en centros de cultivos de salmones en Chile, tanto por el enmallamiento involuntario de estas especies, como por los daños colaterales que genera el tránsito de embarcaciones de la industria en estas zonas. Al respecto, existen registros de colisiones que causan muerte o heridas graves en los cetáceos y el ruido de los barcos también les afecta a nivel fisiológico, conductual y en sus formas de comunicación.
Un oportuno plan de manejo podría aportar inmensamente en este sentido. Sin uno, esta área protegida corre el riesgo de convertirse en una declaración vacía, sin efectos reales para la conservación de nuestros ecosistemas y especies.
En este momento crítico para el planeta, donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad demandan respuestas inmediatas y efectivas, Chile tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo. Hagamos de este Día de las Áreas Protegidas uno para recordar y celebrar, uno en el que Chile muestre al mundo que la protección de ecosistemas claves es prioridad.
Silvana Espinosa es vocera de Greenpeace; Felipe Perillán es abogado de Incidencia en ONG FIMA, y Florencia Ortúzar es abogada senior en AIDA.
