La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez por el caso Democracia Viva.
De esta forma, la Fiscalía de Antofagasta podrá formalizar a la parlamentaria, ex Revolución Democrática (RD), por fraude al fisco y así solicitar medidas cautelares contra Pérez.
“Luego de la deliberación pertinente y existiendo elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuidos por el Ministerio Público, además de la participación de la diputada Catalina Pérez Salinas, se ha acordado, de forma unánime, acceder a la solicitud de desafuero”, indicaron desde la Corte de Apelaciones.
Querella del CDE
Fue en el pasado mes de diciembre cuando el tribunal de alzada de Antofagasta acogió a trámite la solicitud de desafuero presentada por el fiscal jefe, Cristian Aguilar, por presunto fraude al fisco en el convenio entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva en 2022.
Asimismo, el 14 de enero pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra la diputada por su participación en calidad de cómplice.
Esta querella sindica a la parlamentaria como responsable de fraude al fisco reiterado, delito por el cual ya están formalizados su ex pareja Daniel Andrade (representante de la Fundación Democracia Viva), el ex seremi Carlos Contreras y la concejala Paz Fuica.
Según indicó el CDE, Catalina Pérez intervino para que Contreras y Fuica “incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones que se proponían para la suscripción de los convenios y, además, que fuese efectivamente elegida para adjudicarse la suma de $426.000.000 mediante la transferencia directa de la totalidad de fondos públicos”.
¿Qué implica el desafuero de la diputada Catalina Pérez?
El desafuero implica que la parlamentaria no podrá emitir votos ni opiniones en el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados. A pesar de ello, el pago de la dieta parlamentaria se mantiene intacto.
Tras el dictamen de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la defensa de Pérez podrá recurrir a la Corte Suprema para solicitar revertir la decisión.
