es coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Publica.
Hace algunos meses, en plena Cuenta Publica y por cadena nacional, el presidente Gabriel Boric sorprendió a todos con el anuncio de un impulso a proyectos de ley sobre aborto sin mayores restricciones que un periodo de tiempo y sobre la eutanasia. Paralelamente, pero sin la vitrina de una cadena nacional, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, impulsó una modificación al reglamento que regula el ejercicio de la objeción de conciencia en el contexto del aborto a las 3 causales, actualmente en Contraloría General de la República.
Esta última iniciativa del Ejecutivo agrega al mencionado reglamento que el establecimiento de salud podrá considerar como un factor positivo en la contratación del personal, el hecho de no ser objetor de conciencia, es decir, permite que en ante dos profesionales igualmente competentes para un cargo, se pueda preferir aquel que no se declara contrario al aborto en alguna de sus causales. Por otro lado, se obliga al médico a manifestar a su paciente, como primer punto al iniciar la conversación, antes incluso de preguntar el motivo de la consulta que es objetor de conciencia.
Estas modificaciones, junto con otras propuestas por el Ministerio, deterioran gravemente la relación de confianza médico-paciente y son abiertamente inconstitucionales por vulnerar la igualdad ante la ley y la libertad de conciencia, por lo que el Ente Contralor, el cual tiene en sus manos el decreto, podría “representarlo”, es decir, declararlo no ajustado a derecho por su inconstitucionalidad.
La objeción de conciencia, en este contexto, es el derecho de abstenerse de terminar con la vida del no nacido cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa, la que puede ser ejercida tanto por el médico cirujano requerido para efectuar el procedimiento abortivo así como por el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención.
¿Cuál podría ser el motivo del Gobierno para intentar reducir al personal de salud que se ha declarado objetor de conciencia en el sistema de salud? Tanto el Colegio Médico como una serie de organizaciones pro aborto han manifestado su preocupación ante las altas cifras de personal objetor y las bajas cifras, en su visión, de casos de aborto por año, en relación a lo que proyectaban cuando impulsaron la ley y concluyen, por tanto, que puede haber una relación entre ambos datos.
Cuando se promulgó la norma, las cifras más conservadoras que se estimaban era que en Chile se alcanzarían unos 2.550 casos anuales; sin embargo las cifras están lejos de esa proyección: el año pasado se realizaron 937 abortos, mientras que en 2022 fueron 833.
¿Será que existen mujeres que no han podido practicarse un aborto por alguna causal debido a un exceso de personal de salud objetor de conciencia, tal como lo indican algunas organizaciones pro aborto?
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informó que 4 de cada 10 médicos obstetras en el sistema público se declaran objetores de conciencia bajo la causal de violación, mientras que en los casos de riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal los porcentajes son un 15% y 23% respectivamente.
La ley indica que si todos los médicos o personal en un establecimiento de salud son objetores de conciencia, éste último deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. Si bien no existe información actualizada al respecto, según información del MINSAL, entre 2020 y 2021 un total de 40 mujeres debieron ser trasladadas entre distintos centros de salud para realizar el procedimiento; de ellas, ocho por la negativa del personal.
Luego, no es cierto que en Chile hayan casos de mujeres que no hayan accedido un procedimiento de aborto en alguna de sus causales por falta de médicos no objetores y, aunque los hubiera, eso no justifica jamás una vulneración de los derechos fundamentales de aquellos médicos, enfermeras y matronas que tienen todo el derecho a rehusarse a efectuar este polémico procedimiento.
Si bien los anuncios del actual gobierno de impulsar un proyecto de aborto sin causales no contarían con el apoyo necesario en el Cogreso para ser aporbado en esta legislatura, esta arremetida por la vía reglamentaria, de no ser representada por la Contraloría, tiene muchas posibilidades de convertirse en una norma obligatoria, afectando gravemente a quienes por sus creencias y convicciones tanto racionales, morales o religiosas, no quieran ser parte de un procedimiento que termina con la vida de un ser humano en gestación. Se modificaría por un acto administrativo, la ley para vulnerar el derecho fundamental de libertad de conciencia.
Ciertamente, el Gobierno se planteó el objetivo de aumentar las cifras del aborto, destinando todo tipo de recursos para promoverlo, las que, según las últimas estimaciones, no superan los 700 casos al año. Esta prioridad gubernamental contrasta con las 25 mil personas que esperan por una cirugía ginecológica o los más de 171 mil casos en espera por atención con especialista gineco-obstetra.
Es lamentable que el Gobierno, en vez de poner el foco en el apoyo a los embarazos vulnerables, en fomentar programas de acompañamiento y asesoría a la mujer que lo requiera y en promover medidas que prevengan el aborto, busque tanto por vía legal como por por la vía de decretos lograr, para la estadística, la mayor realización de abortos posibles en Chile.
