es Investigador Fundación P!ensa
Luego de una larga discusión, el martes de esta semana se aprobó en el Congreso el proyecto que permite que las votaciones locales de octubre se realicen en dos días. Cuando ingresó el proyecto solo algunos manifestaron sus reparos señalando que podría tratarse de un fraude. Sin embargo, esas sospechas quedaron desoídas luego de que fuera el mismo Servel (institución con transversal reconocimiento) el que pedía que la votación se realizara durante el sábado y domingo. Además, teníamos el antecedente reciente de la experiencia del 2021, en donde celebramos elecciones locales y de constituyentes en más de un día.
Pero lo que debió haber sido un proceso legislativo claro y ordenado se convirtió en una demostración de improvisación y falta de planificación por parte del Gobierno y del ministro Álvaro Elizalde (PS). No es común ver que, en medio de una discusión sobre la extensión de los días de votación, el tono se eleve hasta el punto de que un diputado amenace con una acusación constitucional al ministro, calificándolo de “sinvergüenza” y acusándolo de intentar “ganar por secretaría” una elección. La discusión, lejos de centrarse en garantizar un proceso electoral transparente y accesible, derivó en una especie de reforma al sistema político encubierta, mezclada con una serie de triquiñuelas y leguleyadas que solo sirvieron para evidenciar la precariedad con la que se está legislando en el Congreso.
Uno de los puntos más controvertidos fue la rebaja en la multa por no votar. El proyecto original contemplaba una sanción con un tope máximo de hasta 197 mil pesos. Durante la tramitación, esa cifra quedó en cero, lo que convertía al voto obligatorio en uno voluntario de facto. La comisión mixta repuso la sanción, pero la redujo a 132 mil pesos, y finalmente, tras no prosperar este acuerdo, el veto presidencial la dejó en unos exiguos 33 mil pesos. Desde el Gobierno y algunos parlamentarios oficialistas, se justificó esta reducción drástica argumentando que la multa original era draconiana y que, en el contexto económico actual, 33 mil pesos es una suma significativa para muchos chilenos.
Este argumento pierde fuerza al considerar que en las últimas tres elecciones -el Plebiscito de Salida de 2022, la elección de consejeros constituyentes de 2023 y el Plebiscito de Salida de 2023- el monto de la multa no se modificó, manteniéndose en un tope de 197 mil pesos. Si en esos casos no se consideró necesario rebajar la sanción, ¿por qué ahora sí? Además, es importante poner en perspectiva el monto final aprobado comparándolo con otras multas vigentes en el país. Por ejemplo, algo tan cotidiano como estacionar mal tiene una sanción mucho más severa que la aprobada por no votar, oscilando entre 65 mil y 98 mil pesos. ¿Acaso es tan poco relevante la pérdida de interés por el ejercicio democrático?
Otro punto preocupante es el ritmo frenético y desordenado con el que se ha legislado. Aprobar una norma tan crucial a solo 74 días de las elecciones, con los candidatos ya inscritos y sin claridad sobre aspectos fundamentales del proceso, es un síntoma de una falta de seriedad que debe alarmarnos. Las elecciones son uno de los pilares de nuestra democracia, y cualquier cambio en su organización debe ser tratado con la mayor seriedad y responsabilidad. En lugar de eso, hemos visto un proceso precipitado, en el que se tomaron decisiones sin el tiempo necesario para un debate profundo y bien informado.
Lo cierto es que la jugada del ministro Elizalde resultó, tendremos elecciones en dos días, con una multa irrisoria y una confianza en la política cada vez más reducida. Desde la vuelta a la democracia nunca se habían cambiado las reglas del juego electoral tan cerca de las elecciones. Esta rebaja de la multa, que parece un pecado venial -menor pero no irrelevante-, deja entrever un cálculo electoral del oficialismo, que teme que una mayor participación perjudique sus intereses. Así como los pecados veniales predisponen a pecados mortales, estas tácticas, que parecen inofensivas, pueden allanar el camino hacia conductas que amenacen seriamente nuestro sistema, como ya ocurre en varias dictaduras del continente.
