Marta tiene 40 años. Se casó con Pedro hace unos años atrás, pero decidió posponer la maternidad hasta que ambos lograran una mayor estabilidad en el trabajo. Ambos son hijos únicos. Marta tiene a sus dos padres vivos y Pedro sólo a su madre; su padre murió tres años atrás. Marta es trabajadora social de una Municipalidad de la Región del Maule. Pedro transportista.
Marta y Pedro decidieron el año pasado tener un hijo, y afortunadamente Marta quedó embarazada prontamente. Sin embargo, el nacimiento coincidió con un derrame cerebral de la madre de Pedro que la dejó sin posibilidad de moverse ni alimentarse sola. Como Marta está gozando del postnatal, se ofreció para cuidar a su suegra, pero no cayó en cuenta de que una vez terminado este periodo Marta no podrá volver a trabajar porque no hay nadie que pueda hacerse cargo de ella. La única opción es Pedro, pero su sueldo dobla el de Marta, por lo que económicamente es una decisión que los dejaría en peor posición. Por otra parte, la opción de una cuidadora profesional implica pagar un sueldo mayor al que recibe Marta, por lo que no es una alternativa viable.
La nueva realidad de Marta la experimentan un sinnúmero de familias que requieren ayuda del Estado para sacar adelante tanto a su familia como a quienes cuidan. Se estima que hay unas 700 mil personas cuidadoras no remuneradas. Lo que piden son ayudas concretas: acceder a medicamentos, terapias, ayudas económicas para hacer frente a la situación de no poder trabajar, visitas al domicilio, menores tiempos de atención, evitar tener que trasladarse en búsqueda de medicamentos, etc.
Dar solución a esta problemática se ha denominado mundialmente Sistemas de Cuidado, y en Chile, el presupuesto de la Nación considera recursos para ello. Sin embargo, existen problemas que debemos resolver: el exceso de focalización de los programas, la acotada asignación de recursos públicos, y la mirada parcial en el diseño de las políticas de cuidados.
Por esto, se generaron muchas expectativas en torno al proyecto de ley anunciado hace varios meses por, el en ese entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que creaba un Sistema Nacional de Cuidados. Desgraciadamente dichas expectativas no lograron concretarse en la redacción del proyecto, primando en este un foco triplemente errado. En primer lugar, se amplía los sujetos que requieren cuidados, equiparando a los niños (por el mero hecho de ser niños) a personas adultas, jóvenes o niños que requieren cuidados por estar en situación de dependencia funcional. En segundo lugar, da prioridad a la creación de una nueva estructura burocrática estatal, en lugar de entregar los escasos recursos a mejorar los programas existentes o crear la nueva oferta programática que se requiere. Por último, el principio rector de todo el proyecto es la posibilidad de entregar mayor autonomía a los titulares del proyecto, desconociendo que gran parte de las personas con dependencia funcional requieren del mayor bienestar posible, porque la autonomía dejó de ser una posibilidad.
Siguiendo nuestro ejemplo, ¿qué tipo de apoyo/cuidado hacia el nuevo hijo de Marta compensará la imposibilidad de su suegra de acceder a los apoyos y terapias que necesita? ¿Podrá la burocracia estatal facilitar el acceso a los programas y la universalización de estos o primará una nueva permisología y regulación de los cuidados que hará más difícil aun las tareas de Marta? ¿Es posible que Marta por ser madre también quede sujeta a una nueva regulación que favorezca la autonomía de su nuevo hijo?
El proyecto ya fue aprobado en general por la comisión de Desarrollo Social de la Cámara considerando el fin noble que conlleva una iniciativa de esta naturaleza, pero el Ejecutivo ha sido errático en concretar cómo éste mejorará la vida de las personas que lo requieren. Es urgente enmendar el rumbo del proyecto si queremos ayudar a dar soluciones eficientes y efectivas a quienes como Marta necesitan una ayuda del Estado. Si no, el Sistema no generará el impacto que personas cuidadas y cuidadoras esperan.
