La casona de Salvador Allende ubicada en Guardia 392 provocó un nuevo dolor de cabeza en el Ejecutivo, luego que la anunciada compra del inmueble para convertirla en un museo finalmente no fue concretada por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, ante los cuestionamientos por ser adquirida a la ministra de Defensa, Maya Fernández.
La toma de razón de la compra de la residencia, a la que sumaba la del presidente Patricio Aylwin, también en comuna de Providencia, por parte de Contraloría el pasado 20 de diciembre permitía que las propiedades quedaran bajo administración de Bienes Nacionales, sumándose así al patrimonio estatal.
La propia cartera a cargo de Marcela Sandoval detalló que la operación tuvo un costo de 24.291,72 UF, esto es $933 millones, mientras su avalúo fiscal llega a $512.832.711 (13.355 UF), celebrando que “este proceso se inició con la toma de razón de los decretos de adquisición por parte de la Contraloría General de la República, el 20 de diciembre de 2024, con el objetivo de preservar y valorar como patrimonio de la nación lugares significativos en la vida de los ex mandatarios, promoviendo el conocimiento de la historia democrática del país”.
Sin embargo, un reportaje de Fast Check indicaba que la vivienda era propiedad de la ministra Fernández y de su hermano Alejandro Fernández Allende, además de la senadora Isabel Allende (PS) y su hermana Carmen Paz Allende Bussi.
Desde Bienes Nacionales defendieron la compra de la casona de Salvador Allende, indicando que “para definir los montos se siguió el procedimiento habitual para compras de inmuebles del Ministerio de Bienes Nacionales, que consiste en considerar los montos de una tasación efectuada por el Ministerio y otras tasaciones externas. Finalmente se consideraron las tasaciones del Ministerio de Bienes Nacionales, porque eran de un monto inferior”.
El insólito error que La Moneda y Contraloría pasaron por alto en la compra de la casa de Allende
Esto generó la inmediata reacción de Chile Vamos, donde RN anunció que recurriría al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para estudiar un eventual sobreprecio en la compra de las casas de ex presidentes, pero además apuntaron a un factor que no fue considerado por el Ejecutivo ni por Contraloría: la prohibición de los ministros de establecer contratos con el Fisco.
Los diputados de RN destacaron que el inciso final del artículo 37 bis de la Constitución prohíbe explícitamente a los ministros celebrar contratos con el Estado, incluso en contextos de copropiedad. En este sentido, hicieron hincapié que “separar al Ministro de Estado en cuanto integrante de una comunidad o copropiedad no debe ser acogido, en tanto vulnera el espíritu de la norma constitucional”.
“Más allá de un tecnicismo jurídico, se atropella de manera evidente el Principio de Probidad, esencial para resguardar el interés fiscal y la transparencia en la gestión pública”, concluyeron.
Ante esto, la ministra Marcela Sandoval debió echar pie atrás a la publicitada compra de la residencia, explicando en una declaración pública que, “como parte de este proceso, y debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del presidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del mandatario”.
La propia secretaria de Estado detalló que la adquisición no estaba finalizada y que la toma de razón de Contraloría era solo un primer paso para concretar esta acción. “Esto no significa en ningún caso finalizar un trámite, como muchos de ustedes leyeron ahí por ahí en redes sociales”, precisó.
“Es importante hacer esta pedagogía, porque los trámites de adquisición de cualquier inmueble para el catastro del Fisco requieren de varias etapas y se inician con un decreto que toma razón en la Contraloría pero también hay varias etapas intermedias y culmina con un decreto que es aprobatorio. Eso hoy día no está sobre la mesa y con el único proyecto que vamos a continuar es con la ex residencia del mandatario (Patricio) Aylwin”, profundizó Sandoval.
Consultada sobre si desde el Ejecutivo desconocían que la propiedad pertenece a la ministra Fernández, la titular de Bienes Nacional se limitó a responder que “la comunicación que se hace pública es la decisión de adquirir la residencia de los mandatarios Aylwin y Salvador Allende. Eso es lo que se comunica en una primera instancia y luego, también en esa comunicación, se especifica que la Contraloría General de la República toma razón de este decreto autorizatorio de la adquisición de los inmuebles. Esto no quiere decir, reitero, que la compra ha sido finiquitada, puesto que faltan distintas etapas”.
La polémica casa de Salvador Allende en Providencia
La casona del presidente Allende, ubicada en Guardia Vieja 392, comuna de Providencia, pasó a manos de su esposa Hortensia Bussi y sus hijas Carmen Paz, María Isabel y Beatriz Patricia Allende Bussi en 1977, como herencia, tras la muerte del mandatario en el golpe de Estado de 1973.
Posteriormente en 1987, Isabel Allende Bussi adquirió por herencia parte correspondiente a su hermana Beatriz, madre de Maya Fernández y Alejandro Fernández Allende, luego que se quitara la vida en 1977 en La Habana.
En 1989, Isabel y Carmen Paz quedaron como dueñas en partes iguales de los derechos que le correspondían a su madre, Hortensia Bussi, de la casa de Guardia Vieja 392, tras la cesión concretada por la viuda del presidente.
Finalmente, el 6 de noviembre de 1998, Maya Fernández y Alejandro Fernández Allende, quedaron como dueños de los derechos de la residencia, tras la cesión realizada por la entonces diputada Isabel Allende y su hermana Carmen Paz, tras un pago de $500 mil y $300 mil, respectivamente.
