“No son 30 pesos, son 30 años”. Esa fue la consigna que hace cinco años dio inicio a un episodio histórico y que hasta el día de hoy mantiene una herida abierta que enfrenta a defensores y detractores, tanto en el ámbito político como social, pero que con el paso del tiempo carece de la adhesión en la ciudadanía: el estallido social del 18 de octubre de 2019.
El anuncio del Ejecutivo de un alza de $30 en el pasaje del transporte en la Región Metropolitana fue, para quienes aún reivindican lo ocurrido el 18-O, la gota que rebalsó el vaso para una sociedad marcada por una serie de problemáticas sin solución como la movilización, salud, vejez, educación, entre otros puntos.
Los estudiantes secundarios fueron los primeros en poner el grito en el cielo y en realizar acciones concretas para hacer notar el descontento a través de evasiones masivas en determinadas estaciones de Metro. Así fue entre el lunes y el jueves de aquella semana de octubre, hasta que el viernes 18, el descontrol escaló y dejó un saldo de siete estaciones completamente quemadas, 18 parcialmente siniestradas y 93 con múltiples daños.
“El estallido social fue la expresión del profundo malestar con el funcionamiento con la democracia en Chile. En él, intervienen cuatro causas: desafección, desinterés por la política, desconfianza en las instituciones políticas y demandas latentes que permanecieron estables en el tiempo y que la elite política no supo canalizar a tiempo”, expuso a EL DÍNAMO, Mario Herrera Muñoz, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.
En esa línea, Octavio Avendaño, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, sostuvo que el estallido obedeció a factores de orden estructural, como la desigualdad, el deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios, al sobreendeudamiento, entre otras cosas. Sumado a ello, hizo hincapié en “desaciertos que se producen durante la administración de Piñera, entre ellos, las declaraciones de los ministros”.
Lo anterior, haciendo alusión a frases catalogadas como “burlas” hacia la ciudadanía, como por ejemplo los dichos de Luis Castillo (subsecretario de Redes Asistenciales), quien dijo que algunos pacientes van temprano a consultorios porque es “un elemento de reunión social”. Sin embargo, no fue el único cuestionado por dar declaraciones de ese estilo, puesto que el ministro de Economía de aquel entonces, Andrés Fontaine, hizo un llamado a “madrugar” para ser “ayudado a través de una tarifa más baja” del Metro.
La “declaración de guerra” de Sebastián Piñera y la marcha más grande de Chile
Con manifestaciones en distintos puntos del país y diversos enfrentamientos con Carabineros, el presidente Sebastián Piñera decretó Estado de Emergencia el 19 de octubre de 2019. El mandatario aseveró en dicha oportunidad que “estamos en guerra con un enemigo poderoso”, lo cual alimentó el descontento de la población que se estaba manifestando en ese entonces.
“La criminalización de la protesta tiene un impacto muy fuerte, esto de la declaración de guerra de Sebastián Piñera en un primer lugar, segundo lo que tiene que ver con la forma en que se reprimió, esto fue un catalizador de mayor violencia y entró en un espiral que duró muchos meses. La represión influyó, aunque también habían grupos que iban con la intención de radicalizar las protestas”, comentó Claudio Fuentes, director Instituto de Investigación en Ciencias Sociales UDP.
Teniendo en cuenta la posición del Gobierno de aquel entonces, la ciudadanía seguía acudiendo en masa a los centros y plazas de las principales ciudades del país. El 25 de octubre está enmarcado como un hito histórico de la democracia en Chile, cuya fecha tuvo como punto central a la Plaza Italia. Aquel lugar fue protagonista de la “marcha más grande” del país, donde se concentraron alrededor de 1.2 millones de personas que en resumidas cuentas, exigían un cambio para tener una sociedad más justa.
Marchas que tuvieron la participación de distintos sectores sociales, de acuerdo a Avendaño, “las manifestaciones fueron espontaneas, el estallido fue orgánico, no hubo conducción. Las redes sociales influyeron mucho en las convocatorias, la movilización, el llamado a caceroleo, o a concurrir a algunos lugares públicos como la Plaza Baquedano y en los centros de las ciudades más importantes del país”.
Plebiscito constitucional 2020 y la abismal victoria del Apruebo
A raíz de la exigencia de cambios profundos en el sistema político de Chile, el 15 de noviembre se firmó el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución por parte de las diferentes fuerzas políticas. Dentro de las propuestas que contemplaba era el llamado a un plebiscito para abril de 2020, el cual finalmente se materializó el 25 de octubre de dicho año, debido a la pandemia que afectó al mundo y que obligó a restringir las libertades de las personas.
La jornada fue calificada de histórica, puesto que el plebiscito constitucional logró la mayor participación electoral en la era del voto voluntario: 50,9% del padrón total. Además, del fuerte interés en la política que mostró la ciudadanía, esta votación tuvo un claro ganador: el Apruebo con el 78,31% frente al Rechazo que consiguió el 21,69%.
La esperanza que se esfumó y el fracaso de dos procesos constitucionales
Con la victoria del Apruebo, era momentos de materializar los cambios que tenía a los chilenos esperanzados. De hecho, en noviembre de 2019, el 74% de los ciudadanos creía que seríamos un mejor país, según un estudio elaborado por Cadem. Sin embargo, a día de hoy, la percepción cambió drásticamente.
La composición de los dos procesos constitucionales fueron bastante diferentes. El primero más cargado a sectores progresistas y de izquierda dura y el segundo hacia la derecha, donde gran parte de los convencionales eran del Partido Republicano. Pese a esto, ambos tuvieron el mismo resultado.
El plebiscito de salida del primer texto tuvo un rotundo rechazo de 61,89%. Mientras que el texto elaborado por la segunda convención tuvo un 55,76% de votos En Contra.
¿Cómo se explican estos fracasos y cómo incidió en el cambio de percepción sobre el estallido social?
Según los expertos consultados por EL DÍNAMO, el fracaso constitucional influyó en gran parte sobre la percepción negativa del estallido social, a cinco años de aquel suceso. De los 74% de chilenos que pensaba que seríamos un mejor país tras la revuelta popular, solo 6% cree que estamos mejor. Sumado a ello, la encuesta CEP reveló que el 50% califica como “malo” o “muy malo” el estallido social para Chile.
“Hay una evidente crisis de expectativas. Los dos procesos constituyentes, desde la derecha y desde la izquierda, fracasaron en construir una posición mayoritaria. Mientras los chilenos estaban moderándose y abandonando los extremos, los procesos constituyentes ofrecieron textos que fueron percibidos como partisanos. Esto hizo, por ejemplo, que ambos órganos institucionales comenzaran con una alta aprobación ciudadana que, evidentemente, se fue diluyendo en el tiempo”, explicó Mario Herrera.
Por su parte, Nerea Palma, cientista política de la UDP, sostuvo que lo que “impactó en esta visión negativa que ahora hay del estallido es que las discusiones de los dos procesos constitucionales se llevaron no necesariamente al corazón de las demandas, sino más bien a disputas de poderes políticos dentro de la Constitución, para poder llevar agua a su molino. Por lo tanto creo que eso también afectó un poco el optimismo que había y la esperanza que había de cambio”.
Con respecto a este brusco cambio, Mario Herrera aseguró que “hay tres grandes factores que contribuyen a ello. Primero, los dos procesos constituyentes que, desde la izquierda y desde la derecha, no fueron capaces de transformar las demandas ciudadanas en un texto que fuese votado por una mayoría de chilenos. Eso contribuyó significativamente a cambiar el camino de los cambios rápidos por el de los cambios graduales. En definitiva, los dos procesos constituyentes reflejaron expectativas no cumplidas hacia la ciudadanía”.
“Segundo, hay una asociación natural instalada de que el estallido social se vincula con actos de violencia, más que a demandas ciudadanas como fue en un inicio. Tercero, enfrentamos al Congreso más fragmentado y polarizado de las últimas décadas. El cambio del sistema electoral permitió la entrada de nuevos actores, mejorando la representación ciudadana, pero trajo como efecto negativo un efecto de diferenciación en los diputados. Esto acentuó la percepción de los chilenos sobre la elite política como agente de conflicto más que como un actor capaz de solucionar sus problemas”, agregó.
A raíz de los fracasos constitucionales, “se fue arraigando esta idea que en realidad lo vivido a partir del 18 de octubre fue algo con más costos que beneficios hacia el conjunto de la población. Desde luego, la crisis migratoria y los problemas de seguridad han influido en esta percepción negativa, además de este vinculo que se ha generado entre la violencia y el estallido”, comentó Avendaño.
“Los desaciertos del actual Gobierno también influyen para que todo lo que fue el estallido se vincule con el Gobierno actual y los problemas que se han agudizado en el último tiempo sean presentados como derivación del estallido. Entonces, sí, en eso los medios han influido bastante en la criminalización, en destacar solo el fenómeno de la violencia y olvidar que el estallido fue el resultado de una situación de crisis integral que estaba viviendo el país y que estaba afectando la condición de vida de amplios sectores”.
Otro de los puntos que explican el cambio de percepción sobre el estallido social está relacionado con el cambio en la agenda política, la cual está enfocada principalmente en la seguridad.
“Esa es la preocupación más grande de las personas, y evidentemente que ante ese escenario se hace mucho más importante para la ciudadanía pensar en satisfacer esa necesidad de seguridad porque te toca el día a día, en el fondo, más que pensar en reformas estructurales al sistema institucional chileno, porque los resultados no se ven ahora ya. Pero las demandas no han sido satisfechas. Esas demandas persisten. Que no haya protesta, que no haya movimiento social, no significa que esas demandas no estén”, cerró Narea Palma.
Violaciones a los DDHH en el estallido social
El quinto aniversario del estallido social está marcado por la decisión de la Justicia de dejar con arraigo nacional y firma quincenal a los generales (r) de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, tras su formalización por su presunta responsabilidad por omisión en delitos de apremios ilegítimos.
“Los primeros días, desde el 18 de octubre, hubo mucho impacto por la violencia de Estado, y eso gatilla un masivo rechazo a la represión contra las personas que protestaban”, le dijo a EL DÍNAMO Tamara Jorquera, directora del Magister en Investigación en Psicología de la Universidad Alberto Hurtado.
La profesional precisó que “eso se ve, por ejemplo, en que la gente salió a criticar la presencia de militares en la calle, a cuestionar el Estado de excepción, por las denuncias de tortura y apremios ilegítimos. El mismo hecho de que el tema El Derecho de Vivir en Paz fuera puesto en altavoces era la forma en que la gente rechazaba la violencia de Estado frente a la protesta”.
Por su parte, el analista político y docente de la Universidad de Santiago (Usach), Marcelo Mella, manifestó que “existe un cierto acuerdo en que las violaciones a los derechos humanos tuvieron un carácter bastante masivo en ese momento”.
“Se registraron más de diez mil denuncias por violación a los derechos humanos hasta marzo del 2020, y un número de denuncias por lesiones oculares que superó los 400 casos”, recordó el académico a EL DÍNAMO.
Las cifras de la represión policial tras el 18-O
De acuerdo con los antecedentes recopilados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras el inicio de las protestas y hasta marzo de 2020, cuando comenzó la cuarentena por la llegada del COVID-19 al país, un total de siete personas murieron directamente por la represión policial, en tanto que otras 27 fallecieron en diversas circunstancias, como incendios, atropellos o agresión por parte de delincuentes.
En total, las víctimas de los agentes del Estado sumaron 3.777 personas, de las cuales 3.581 sufrieron alguna lesión física, y el 75% (2.814) fueron hombres y 959 mujeres. Según los registros del INDH, 591 víctimas eran niños, niñas y adolescentes.
De las 3.777 víctimas, 220 sufrieron algún tipo de trauma ocular por impactos con balas de goma y perdigones disparados por Carabineros. De ellas, 50 sufrieron estallido ocular y 88 víctimas registraron otras lesiones en la vista.
Respecto de los delitos que motivaron las querellas por parte del INHD, 2.252 correspondieron a apremios ilegítimos; 582 a torturas; 223 a violencia innecesaria y 159 a otro tipo de agresión. Pero además, 194 mujeres denunciaron agresiones de carácter sexual, que incluyó violaciones, amenaza de violación, tocaciones y/o desnudamientos. A ella se sumaron 298 hombres que denunciaron hechos similares.
Las consecuencias de la violencia policial
“Uno de los efectos que tiene la violencia policial es un problema de salud pública, física y mental. Otro de los efectos es la desconfianza en las instituciones, no solo en la institucionalidad policial, sino que en el Estado, porque finalmente la policía es la cara visible del Estado”, apuntó al respecto Tamara Jorquera.
En esa línea, la docente de la U. Alberto Hurtado precisó que “la violencia policial detona también hostilidad hacia el Estado, y eso hace menos posible canalizar por la vía institucional los cambios que se requieren”.
Por su parte, Marcelo Mella aseveró que “donde sí existe un debate jurídico-político es respecto de si estas violaciones a los derechos humanos tuvieron un carácter de generalizada o sistemática”.
“Si eso llegara a demostrarse, entonces sería posible hablar de crímenes de lesa humanidad, pero queda un tiempo todavía para tener un criterio más fundado respecto de si las violaciones de los derechos humanos fueron generalizadas o sistemáticas”, complementó el docente de la Usach.
Los casos de Campillai y Gatica
Sin duda que dos de los casos más representativos de las violaciones a los derechos humanos durante la represión a las movilizaciones, son los de la actual senadora Fabiola Campillai y Gustavo Gatica.
En el caso de la legisladora, contó que perdió la vista cuando la impactó en el rostro una bomba lacrimógena lanzada por el capitán Patricio Maturana en momentos en que esperaba la locomoción colectiva para dirigirse a su trabajo. El impacto también le hizo perder el gusto y el olfato.
Respecto de Gustavo Gatica, el carabinero Claudio Crespo fue acusado de dispararle y provocarle la ceguera, y en agosto se iniciaron las audiencias preparatorias del juicio, que podría realizarse en enero del próximo año.
EL DÍNAMO intento contactarlo para profundizar en el tema, pero el psicólogo declinó la invitación, aunque en una entrevista que le concedió a la agencia internacional EFE aseveró que “tengo esperanza en la justicia. Creo que las instituciones que se han encargado de estudiar y de investigar mi caso han hecho un trabajo excepcional. Ojalá hubiese sido así con todos los casos. Lamentablemente no fue así”.
Recordó también que durante el estallido social “fue la primera vez en mi vida que yo veía que la gente se interesaba (por la política) y quería pensar este país, pensar cómo podían ser las cosas. Se manifestaron contra lo que les parecía injusto y fue hermoso”.
Cinco años después, Gustavo asumió que “hay una disputa por la narrativa del estallido social y, lamentablemente, se logró instalar que estuvo muy ligado a la delincuencia, a los saqueos. Se habla de estallido delictual, lo que me parece una falta de respeto hacia todos los que salieron a manifestarse”.
