La última edición de la encuesta Black&White abordó la crisis que atraviesa el Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema, luego de que varios jueces fueran vinculados con el abogado Luis Hermosilla, en el marco del Caso Audios.
Una de ellas es la ministra Ángela Vivanco, quien fue suspendida de sus labores en el máximo tribunal del país en medio de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía por supuestos delitos de negociación incompatible, cohecho y tráfico de influencias.
Bajo este contexto, la mayoría (89%) considera que la justicia chilena es injusta, cuya proporción aumenta entre mujeres y GSE C3.
Con respecto a los nuevos chats que han salido a la luz, la mayoría (89%) dice que sí está enterado/a de la reciente revelación de la relación entre Luis Hermosilla y jueces de la Corte Suprema.
La percepción de la ciudadanía ante la crisis que desató el Caso Audios en el Poder Judicial
En esa línea, la mayoría (77%) considera que el Caso Audios es un reflejo de malas prácticas y/o corrupción en el sistema Judicial a nivel general y estructural. Considerando lo anterior, la gran mayoría (88%) considera que quien elija a los miembros de la Corte Suprema debe ser un organismo independiente.
En este sentido, el 94% de las personas encuestadas consideran que no es aceptable que los postulantes a jueces de la Corte Suprema pidan a sus conocidos que influyan para ser elegidos, como fue el caso los favores cruzados que habrían realizado Hermosilla y Vivanco.
Asimismo, el 98% considera que no es aceptable que una vez nombrados, los jueces presten favores a quienes los apoyaron en su nombramiento.
Por otro lado, gran parte de las personas que fueron sondeadas (80%) consideran que deben revisarse todas las causas donde haya participado la jueza Ángela Vivanco.
En cuanto a los jueces que estén involucrados en la investigación por Caso Audios, la mayoría (82%) considera que deben ser suspendidos de sus funciones inmediatamente.
Sumado a ello, la encuesta Black&White deja en evidencia que el 60% considera que acusar constitucionalmente a todos los involucrados es necesario para reestablecer la confianza en el Sistema Judicial.
