La Fiscalía Centro Norte inició una investigación sobre el sueldo de $17 millones mensuales que recibía Marcela Cubillos como académica de la Universidad San Sebastián, luego de la denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manoucheri y Daniella Cicardini.
De acuerdo a lo confirmado desde el Ministerio Público, la idagatoria buscará aclarar la existencia o no de eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho y financiamiento irregular de la política, entre otros temas.
El monto de lo recibido por candidata a alcaldesa de Las Condes como docente de la mencionada casa de estudios se conoció a través de un reportaje publicado por El Mostrador, según el cual Cubillos recibía el dinero cada mes, incluso mientras vivió en España con su pareja, Andrés Allamand.
Al referirse al millonario sueldo, Marcela Cubillos aseveró que “sí, dejé un muy buen trabajo para asumir la candidatura en Las Condes“.
“Estuve siempre entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la Facultad y publiqué, durante estos años, tres libros y un cuarto en colaboración con otros académicos”, añadió sobre su trabajo en dicha universidad.
Qué dice la denuncia contra Marcela Cubillos
En el escrito presentado por Manoucheri y Cicardini en la Fiscalía, los diputados socialistas plantearon que “venimos en hacer ingreso de una denuncia por los eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados y cualquier otro ilícito penal que surjan de los hechos investigados, a raíz de los millonarios sueldos que la Universidad San Sebastián pagaba a doña Marcela Cubillos“.
“Los cuestionamientos no solo se relacionan con esta contratación, sino que además con una serie de contrataciones que se realizaron durante largo tiempo, que razonablemente generan dudas respecto del uso y destino de los recursos públicos transferidos por el Estado de Chile a la universidad privada, donde pudiera haberse mal utilizado e incluso lucrado con los recursos de todos los chilenos”, añade el texto.
Frente a lo anterior, los partamentarios solicitaron que “se inicie una investigación por la eventual comisión de una serie de ilícitos penales en contra de quienes resulten responsables por los delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados y cualquier otro ilícito penal que surja de los hechos investigados”.
