A lo largo de la historia, es frecuente que las autoridades de gobiernos y los parlamentarios, al anunciar decisiones que generan rechazo o polémica en la ciudadanía, empleen diversas herramientas para suavizar su impacto. Estas pueden ser desde estrategias políticas, campañas comunicacionales o incluso el uso de recursos simbólicos que buscan atenuar la reacción de la ciudadanía y así minimizar los posibles efectos negativos del anuncio de la medida.
Este es el caso, por ejemplo, de los anuncios de aumento de impuestos que, por regla general, se presentan como necesarios para generar supuestos beneficios sociales futuros. Se suele mencionar que dichos fondos se utilizarán para mejorar áreas clave como la educación, la salud o pensiones, sin embargo, dado el poco nivel de transparencia en la eficiencia del gasto público y del destino real de los fondos, este aspecto es, en la práctica, incomprobable para el ciudadano.
Por otro lado, es común que los gobiernos presenten estas medidas como provisorias, argumentando que su implementación será temporal y que están diseñadas como una solución excepcional frente a una problemática en particular, ofreciendo un incentivo de que el impuesto será limitado en el tiempo.
No obstante, la experiencia en diversos casos ha demostrado que estas promesas de temporalidad no suelen cumplirse, y lo que en principio se plantea como una medida temporal, rápidamente se transforma en una decisión permanente. Un ejemplo claro de esta práctica en nuestro país es el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En los años 90, el IVA se incrementó del 16% al 18% bajo la promesa de que sería un aumento temporal sólo hasta 1993, pero la medida se fue prorrogando año a año. Luego, en 2003, se elevó nuevamente de un 18 a un 19% con la misma justificación de temporalidad, prometiendo volver al 18% en 2007, pero esa reducción nunca se llevó a cabo, y el IVA sigue en 19% hasta la fecha.
Este aumento evidentemente tiene un impacto en las familias chilenas. Si un trabajador que tiene como ingreso 685.000 pesos (mediana de ingresos en Chile para un trabajador de jornada completa) y consideramos que destina el 100% de sueldo en consumo, paga 1.561.800 pesos por IVA al año. Si el IVA fuera de 16%, dejaría de pagar 247.000 pesos al año.
Ante el anuncio de este tipo de medidas, surge una lección relevante para la ciudadanía: es indispensable asumir una postura más crítica y vigilante frente a las propuestas de nuevas leyes y las promesas formuladas por nuestros parlamentarios.
En ese sentido, si lo llevamos a la actualidad legislativa, podemos constatar que algo similar ocurre con la propuesta de reforma del sistema de pensiones donde el Gobierno sugiere la implementación de un “Aporte Reembolsable” equivalente al 2% de las remuneraciones de los trabajadores durante los primeros 20 años, reduciéndose paulatinamente durante los años siguientes, para que vaya a un fondo estatal con el objetivo de aumentar las actuales pensiones.
Esto nos lleva a cuestionar la probabilidad de que el objetivo se cumpla y la temporalidad prometida se respete dentro de 20 años, cuando los legisladores que hoy realizan esta promesa ya no estén en el cargo. En consecuencia, serán los trabajadores actuales quienes enfrentarán una carga impositiva injusta, así como el impacto de pensiones reducidas, tal como hoy son las familias que pagan un exceso de IVA, al adquirir en sus alimentos, libros e incluso en las viviendas.
