El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó un balance a cinco años del estallido social, precisando que de las 3.233 querellas que presentó por violaciones a los derechos humanos, los tribunales solo han dictado 42 condenas ejecutoriadas.
“Este balance es preocupante pues a cinco años de registrarse numerosas y graves violaciones a los DD.HH., un porcentaje importante de las causas comenzará su prescripción por los plazos legales. Se trata de una situación que se puede atribuir a los tiempos propios de la justicia y también a la pandemia y a la falta de recursos de las instituciones colaboradoras en las investigaciones”, aseguró la organización en una declaración pública.
El INDH detalló que en sus querellas se da cuenta de 227 personas con lesiones oculares, mientras el total de víctimas afectadas en el estallido social se ubicó en 3.640 y los fallecidos ascendieron a siete personas.
Respecto a los hechos denunciados, estos llegaron a 5.581 y los más denunciados fueron agresiones físicas directas (2.095), disparos (1.887) y desnudamientos (386). La mayor parte de los hechos ocurrieron en sitios públicos (3.958), en 745 de los hechos denunciados la vulneración ocurrió en lugares de custodia y 592 en vehículos de traslado.
“Vista esta situación y el bajo número de condenas firmes y ejecutoriadas, no se puede sino concluir que la impunidad ha sido la tónica de los resultados de los procesos de justicia”, precisó la institución.
El INDH recalcó que “en este momento, al cumplirse un lustro de la más grave crisis institucional que vivió el país desde el retorno a la democracia, insiste en su demanda al Estado de reforzar su labor en los pilares de la justicia transicional: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
