La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el desafuero de 10 diputados solicitado por Andrés Chadwick, quien presentó una querella por injurias y calumnias en contra de los parlamentarios.
En fallo unánime, el pleno del tribunal de alzada estableció que no se cumplen los requisitos para acceder a la pérdida del fuero del que gozan los querellados.
El ex ministro del Interior presentó la acción judicial en contra de los diputados oficialistas, tras aparecer en la acusación constitucional que terminó con la salida de la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema por el Caso Audios.
Respecto a la querella de Andrés Chadwick por injurias y calumnias con publicidad, la Corte de Apelaciones determinó que “se encuentra claramente ausente el ánimo de injuriar, en tanto las referencias efectuadas al requirente se encuentran en el contexto de una acusación constitucional dirigida contra una magistrada de nuestro más alto Tribunal, y en relación a una de las crisis más profundas que ha experimentado el Poder Judicial de nuestro país, observándose que el libelo acusatorio simplemente pretende denunciar conductas profundamente irregulares y a cuyo respecto el requirente no es ajeno, siendo un hecho público y notorio que ha declarado como imputado en el marco del denominado caso Audios, que es el mismo que involucró, a la ex ministra señora Vivanco”.
Tras conocer la decisión de la Justicia, el diputado Daniel Melo, jefe de la bancada PS y uno de los apuntados por Chadwick, expresó “siempre los dijimos, no existe fundamento para esta querella, menos para un desafuero que buscaba inhibirnos de nuestro rol fiscalizador en el combate contra la corrupción y la búsqueda de justicia en nuestro país”.
Por su parte, el diputado Nelson Venegas (PS) agregó que “Andrés Chadwick hoy día ha sido derrotado jurídicamente, pero políticamente ya se encuentra derrotado hace mucho tiempo. Su credibilidad está en el suelo porque todas las investigaciones conducen a su nombre y lo que hemos hecho diputadas y diputados no es otra cosa que hacer aquello que la Constitución nos mandata, es decir, representar los intereses y los derechos de la gente que nos eligió”.