Las molestas en las cuales se ofrecen productos y servicios a los usuarios comienzan a despedirse, luego de que la nueva fuera aprobada por el Congreso tras siete años de tramitación. La iniciativa aborda diversos puntos, por lo cual puedes revisar a continuación y
En concreto, la normativa que está a la espera de su promulgación, entrará en vigencia. Esta regulación nace con el fin de proteger y regular el , y para ello, se creará la , cuyo organismo se encargará de fiscalizar el correcto cumplimiento de la ley.
Además, incluye una serie de nuevos derechos que tendrán los titulares de los datos personales, tales comoEn caso de que se incumpla lo anterior, la ley impondrá duras sanciones contra las empresas que manejen información personal de los usuarios.
La nueva normativa otorga a las personas un , lo cual se traduce en que .
De esta forma, las empresas u organizaciones .
“No será posible suscribir automáticamente a los usuarios a boletines informativos después de una compra en línea, “, explicó Reusser.
Uno de los puntos que más destaca dentro de esta ley es el . En caso de que una persona reciba llamadas sin haber entregado una autorización legal, el primer paso para hacer valer sus derechos sería ejercer el
“Esto implica dirigirse a la empresa en cuestión y La empresa tiene la obligación de responder por escrito al titular, ya sea a su domicilio o a la dirección de correo electrónico que haya indicado, y debe hacerlo dentro de un “, expuso el abogado experto en protección de datos.
Si la respuesta no es satisfactoria, o si no recibe respuesta alguna, el ciudadano tiene el derecho de , también en un plazo de 30 días corridos, para que esta inicie un procedimiento sancionatorio.
En este caso, hay que distinguir entre los recursos administrativos y los judiciales.
A nivel administrativo, se contempla el denominado , en caso de que se rechace la solicitud en la que se ejercen los derechos o cuando ésta no se hubiese respondido dentro del plazo que se contempla (30 días hábiles). Por otra parte, se contempla el denominado cuando se trate de incumplimiento o vulneración de los principios o bien de los derechos y obligaciones que contempla la ley, sostuvo a , Ignacio Lopetegui, máster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información.
Finalmente, la agencia determinará si se ha infringido la ley y aplicará la sanción que estime pertinente de acuerdo a su gravedad y los demás antecedentes del caso.
Para materializar un reclamo, Carlos Reusser comentó que será posible a través de la en la medida que se cumplan ciertos requisitos: debe desde la respuesta de la empresa (o de su falta de respuesta), se debe indicar y, adicionalmente, acompañar todos los antecedentes en que funda su reclamación.
Sumado a ello, se debe indicar un domicilio postal o una dirección de correo electrónico u otro medio electrónico para recibir las notificaciones del caso.
En primer lugar, hay que considerar que las personas son libres para otorgar su consentimiento para que se traten sus datos personales por terceros, pero también
Bajo este punto, Ignacio Lopetegui expuso: y deberá hacerse a través de los mismos medios por los que se otorgó inicialmente. Acá es importante señalar que es de utilidad contar con canales de contacto actualizados y expeditos para que la comunicación pueda ser real y no implicar un costo asociado, es decir, deben ser gratuitos”.
La tendrá la facultad de aplicar sanciones ante infracciones leves, graves y gravísimas.
Estos son los topes de las multas dependiendo de la gravedad del incumplimiento de la empresa u organización:
Ante esto, cabe preguntarse:
Las se relacionan con el incumplimiento en forma parcial o total del deber de información o transparencia. Por ejemplo: no otorgar una dirección (postal, de correo o medio electrónico) de contacto con el responsable de datos, omitir la respuesta, responder en forma incompleta o fuera de plazo las solicitudes de ejercicio de derechos y en general incumplir las instrucciones de la Agencia.
Con respecto a las , un ejemplo de ello sería la cesión de datos sin contar con el consentimiento del titular o para un fin distinto del que se autorizó, tratar datos sin el consentimiento del titular o sin base legal para tratarlos y obstaculizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o portabilidad del titular.