Un informe de la PDI del 25 de junio registró una eventual anomalía contable que involucraba a Irina Karamanos y a la fundación ProCultura, donde ella trabajó entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de enero de 2022. Se trataba de cinco abonos (por $ 4.467.500 en total) de Karamanos a la fundación, investigada por fraude al fisco y tráfico de influencia.
Pero más allá de las declaraciones de Karamanos – en la que indicaba que nunca realizó abonos a Procultura- el foco del escándalo no es la ex pareja del presidente, sino que es mucho más intrigante el rol y alcance del ex confidente del Mandatario: el psiquiatra y fundador de Procultura, Alberto Larraín.
La Fundación fue cofundada en 2010 por Larraín (ex DC) y aumentó 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022.
Esta semana volvió a la agenda, a la luz pública por los “supuestos abonos” de Irina Karamanos.
El fiscal nacional Ángel Valencia debe aclarar la opacidad investigativa en el caso Fundaciones, en particular el de Procultura que revelan millonarios traspasos de platas públicas, de forma directa, y con un uso desconocido.
El entonces fiscal a cargo del caso, Carlos Palma, habría resuelto citar declarar a Karamanos como imputada, pero el fiscal Nacional Ángel Valencia lo sacó- convenientemente- el 26 de junio de la causa.
La razón: Palma había sido mencionado en el Caso Audios y su remoción ocurrió dos semanas después de la publicación de un supuesto chat entre él y Luis Hermosilla, que no consta en el celular incautado al penalista, como reconoció la propia fiscalía.
Antes de ser removido de la investigación se reveló un informe de extracción del celular del gobernador de Magallanes, Jorge Flies.
El informe pericial UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense) detectó numerosos chats entre el gobernador Flies y el director de Procultura Alberto Larraín, entre 2022 y 2023, donde este le insistía en acelerar dos proyectos en la zona.
En las conversaciones de Larraín (cercano al Frente Amplio y al presidente Gabriel Boric)- lo que siempre éste ha negado, ya que decía que no pertenecía al círculo cercano al presidente- “le dice que ha conversado el tema con el mandatario y con la entonces canciller Antonia Urrejola”.
Después de estallar el Caso Convenios, le pide a Flies redactar una carta conjunta de gobernadores criticando el manejo del gobierno sobre el caso. “Al gobierno le ha quedado como poncho”, dice Larraín.
La Gobernación de Magallanes es una de las indagadas por Fiscalía en el caso. Un informe de Contraloría detectó traspasos a Procultura por un proyecto de 2021, por $ 28 millones, para “puesta en valor del patrimonio”, sin que se cumplieran los requisitos establecidos.
Procultura, en poco más de 13 años, había logrado una impresionante cartera de más de 67 convenios con diferentes instituciones del Estado, que sumaban más de 4.200 millones de pesos.
Murales, pintada de fachadas, reparación de iglesias, programas de prevención del suicidio y capacitaciones se encontraban en el amplio ejercicio práctico de la fundación, más no en el estrecho giro para el cual estaba autorizada a operar.
Larraín cercano al gobernador Claudio Orrego, quien lo nombró director de la Corporación de Desarrollo Regional, autorizó la entrega de más de 1.600 millones a Procultura, que el propio Larraín recibió con lágrimas en los ojos.
Procultura, una pequeña pyme cultural, logró convertirse- en muy poco tiempo- en una mega plataforma e incubadora política, social y cultural con manejo de millones sin destino claro
Definitivamente algo huele mal…
