El convulsionado febrero del Gobierno sumó un nuevo flanco de críticas, esta vez al manejo fiscal, luego de que un reportaje de The Clinic diera cuenta de las millonarias transferencias que hizo Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público en 2023, por solicitud del Ministerio de Hacienda.
En el detalle, se trata de un total de US$3,4 billones, cifra que equivale al 4,5% del Presupuesto del país para ese año. La última vez que se tomó esta medida fue en 2020 para enfrentar los inesperados gastos que generó la pandemia del COVID-19. Pero en ese entonces, el monto que solicitó el fallecido ex presidente Sebastián Piñera fue de US$1.000 millones.
Esto se realizó en distintos pagos. El primero fue en febrero por una cifra cercana a los US$2.000 millones, en cinco cuotas. La segunda fue en noviembre por US$1.500. Del total, una parte vino de excedentes por los contratos de explotación del litio, mientras que el resto provino del patrimonio de la corporación invertido en el mercado financiero.
El último pago, de US$1.500 millones, no fue aprobado por el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente. Según explicó, de aprobarla significaba “una reducción de los fondos patrimoniales que permiten el funcionamiento de largo plazo de la Corporación“.
Por lo mismo, Carlos Álvarez, gerente de administración y finanzas, propuso entregarla en cuotas, las que se pagarían entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Para lograrlo, tuvieron que vender instrumentos financieros que fueron seleccionados “de modo que a las pérdidas de intereses que se producirán por estas operaciones, no se sumen pérdidas de capital que afectarán aún más el patrimonio de la Corporación”.
Además, Hacienda se comprometió de poner un tope al gasto de los excedentes del litio desde 2024 y usarlos para “actuar como un motor de transformación productiva para el país”.
La defensa del Gobierno
Tras la publicación del reportaje, desde el Ministerio de Hacienda emitieron una declaración pública donde aseguraron que no se cometió ninguna ilegalidad con los traspasos desde Corfo.
En el documento explicaron que esta medida no constituye “una acción por fuera del marco legal, tal como se indica en el artículo 29 bis del Dectreto Ley y Nº 1.263 orgánico de la administración financiera del Estado, que indica que el Ministerio de Hacienda podrá ordenar el traspaso a rentas generales de la Nación de excedentes de caja de los servicios e Instituciones, incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que no tengan aporte fiscal“.
Además, dejaron en claro que estos traspasos “no solo no son desconocidos: la información es pública y se puede acceder a ella a través del sitio web de la Dipres, al revisar la ejecución presupuestaria de Corfo al final de cada año”.
“En la sesión del 29 de noviembre de 2023, la directora de Presupuestos realizó una presentación en la que explicó que la decisión de solicitar a Corfo que integrara recursos al Tesoro Público se fundamenta en el Balance Estructural, exposición a la que también se hace referencia en el acta de la sesión de Corfo a la que tuvo acceso el medio”, detallaron desde Hacienda.
En la declaración agregaron que “entre 2022 y 2023 se recaudaron $5,4 billones como consecuencia del mayor precio del litio, y el Ministerio de Hacienda solicitó a Corfo integrar al Tesoro Público $3,4 billones de ese total, es decir $2 billones menos de lo que ingresó por el mineral. En síntesis, a Corfo se le solicitó reintegrar menos dinero del extra que ingresó por los mayores ingresos del litio“.
“La solicitud de integrar al Tesoro Público recursos provenientes de las rentas del litio se sustenta en las atribuciones generales del ministerio, además que sigue la lógica de los lineamientos de la regla de Balance Estructural que guía la política fiscal de Chile hace más de dos décadas”, finalizaron.
Por otro lado, el ministro de Economía, Nicolás Grau, no solo descartó “irregularidades” en estas operaciones, sino que calificó la polémica de “bastante artificial”.
“Hubo ingresos extraordinarios por concepto del litio, y yo estoy seguro que las personas que están viendo y saben que el país tiene una serie de urgencias sociales, urgencias en materia de salud y también urgencias en materia productiva, es razonable que esos recursos se utilicen, justamente, para las necesidades del país, como ocurre en todos los ingresos de todas las materias”, indicó en un punto de prensa.
Por lo mismo, explicó, “es normal que cuando se tienen recursos, se compran y permiten adquirir activos y esa plata rinde. No hay ninguna anomalía“, y tampoco “ha habido irresponsabilidad fiscal en el 2023: el nivel de gasto y meta fiscal se cumplió. La responsabilidad no está en cuestión”.
Sobre en qué se gastó el dinero, detalló que “en más autos para Carabineros, en lograr la ambiciosa meta de la vivienda, abordar desafíos en listas de espera o conseguir el Copago 0. Se ha pagado de acuerdo a las prioridades del país. Pero no solo se abordaron urgencias sociales, sino también hubo gastos para fortalecer la capacidad productiva”.
Las críticas
Desde la oposición no tardaron en reaccionar a la noticia de las transferencias de Corfo al Ministerio de Hacienda. La primera de ellas vino de la mano de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
“Quienes deben resguardar las arcas fiscales cometen errores tan burdos que hacen dudar de si son errores o una estrategia para gastar más de la cuenta“, sostuvo la ex alcaldesa.
Junto con eso, planteó una segunda opción que “aparece como más probable, si se considera que no solo ha aumentado la deuda del país, sino que además están liquidando (el) patrimonio de Corfo para hacer caja“.
José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, manifestó que tanto el ministro Mario Marcel como la directora de la Dipres, Javiera Martínez, son “un peligro para las finanzas públicas de Chile“.
“Hay que investigar a fondo y exigir las responsabilidades. Es hora de que Chile Vamos entienda que con personas que mienten no se puede llegar a acuerdos“, agregó.
La jefa de bancada de diputados RN, Ximena Ossandón, sostuvo que “legal no quiere decir que sea bueno” y que las palabras de Marcel “de no hay plata son ya no queda plata. O sea, imagínate lo que es para un Gobierno futuro”.
Desde la bancada de diputados del Partido Republicano y de la UDI anunciaron la creación de una comisión investigadora. “Corfo no puede ser la caja chica pagadora para cubrir los déficits que tenga este Gobierno”, dijo el diputado Henry Leal.
“El señor Marcel tiene que dar una muy buena explicación y es tiempo que la directora de Presupuestos dé un paso al costado. No da más. Pasó de ser la mejor en su cargo, como la calificó su jefe, a ser un fiasco, un desastre en lo que es el manejo de las arcas fiscales”, agregó.
La investigación especial que iniciará Contraloría
El presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, presentó una denuncia ante la Contraloría solicitando “un pronunciamiento jurídico” por el millonario traspaso desde Corfo a Hacienda y sobre la abstención de un segundo traspaso por 1,5 billones de pesos aproximadamente.
En el requerimiento se busca aclarar cuatro puntos:
- La legalidad de la solicitud del primer traspaso.
- Si dicho traspaso eran excedentes de Corfo.
- Si Corfo es un servicio o institución con aporte fiscal
- Si Corfo, en la eventualidad que lo señalado haya sido legal, tenía la facultad para abstenerse de no otorgar los 1,5 billones de pesos en una segunda oportunidad por el Ministerio de Hacienda.
Con esto, además, aseverar si “corresponde o no iniciar un proceso sumarial, sin perjuicio de derivar los antecedentes al Ministerio Público ante eventuales hechos que pudieran configurar algún tipo de delito”.
Palamara no descartó presentar una denuncia o querella criminal por el eventual delito de malversación de caudales públicos.
Horas después, desde Contraloría anunciaron que se iniciarán una investigación especial para despejar si hubo una “eventual afectación patrimonial” y el “destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos”.
“Ante las diversas consultas de los medios de comunicación, se informa que mediante decretos dictados por el Ministerio de Hacienda, se efectuaron modificaciones presupuestarias a las partidas del Ministerio de Economía y del Tesoro Público, los que fueron tomados razón por la Contraloría General conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1263 de 1975, en la ley N° 21.516, de Presupuestos del Sector Público de dicho año y de acuerdo con el Decreto N° 2341, de 2022, de dicha Cartera de Estado, que regula la materia”, detallaron en un comunicado.
Por lo mismo, agregaron que “atendidas las facultades fiscalizadoras de esta entidad de control, se inició una investigación especial en lo relativo a la eventual afectación patrimonial de Corfo y al destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos“.
