La controversia sobre los millonarios pagos de la Universidad San Sebastián a la ahora candidata a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, pusieron en entredicho una serie de convenios entre la casa de estudios y el Estado, en el marco de la segunda administración de Sebastián Piñera.
Esto, ya que un reportaje de Ciper mostró que durante el paso de Cubillos por el Ministerio de Educación, entre agosto de 2018 y febrero de 2020, la Subsecretaría de la cartera le traspasó $1.479 millones a la institución educacional.
Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la Universidad San Sebastián fue uno de los mayores proveedores del Fisco, ya que sumó órdenes de compra por más de $7.000 millones, donde $5.700 le fueron asignados por la Subsecretaría de Educación por acciones como programas de formación docente y asesorías técnicas para la evaluación docente.
En vista de esta situación, parlamentarios oficialistas recurrieron a Contraloría para que investigue los convenios entre la USS y el Ministerio de Educación durante el periodo de Marcela Cubillos al frente del Mineduc.
El diputado Juan Santana (PS), miembro de la Comisión de Educación, explicó que “hemos presentado un requerimiento en Contraloría para conocer la legalidad de actos suscritos entre la Universidad de San Sebastián y el Ministerio de Educación en el periodo en que la ex ministra Marcela Cubillo estuvo a cargo de esta cartera en nuestro país”.
“Se trata de tres contratos principalmente, uno de ellos relacionado con un contrato entre el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento Educacional Experimental, con la Universidad de San Sebastián para la formación de directores y de mentores; un segundo contrato entre la Subsecretaría de Educación Superior con la Universidad de San Sebastián para construir un instrumento de evaluación para docentes de educación diferencial que fue realizado a través del trato directo y un tercer contrato que nos parece bastante cuestionable de la Universidad de San Sebastián con el Ministerio de Educación en donde se le adjudicó un contrato, una licitación para la elaboración de textos escolares”, detalló el legislador.
La denuncia fue presentada por el diputado Santana, además de Luis Cuello (PC), Andrés Giordano (FA) y Gael Yeomans (FA), donde Contraloría ya solicitó un informe a la Superintendencia de Educación Superior y a la Subsecretaría de Educación Superior respecto a estos traspasos.
Los millonarios contratos entre el Ministerio de Salud y la U. San Sebastián
Pero la USS también sumó recursos desde otras carteras de gobierno, como por ejemplo $3.642 millones en materia de salud, donde destaca el contrato para el Servicio de Análisis de muestra clínica COVID-19, que llegó a cerca de $2.000 millones y que llegó a su fin en 2022.
En esta línea, radio Cooperativa informó que la U. San Sebastián firmó tres convenios con el Minsal por 461 millones de pesos en 2018 y 2019, cuando Luis Castillo y posteriormente Arturo Zúñiga – quien actualmente tiene un cargo directivo en la institución – pasaron por la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
El primero de estos acuerdos, vía trato directo, lo adjudicó Luis Castillo – decano de la Facultad de Medicina de la USS antes de asumir como subsecretario- por más de $43 millones, con el fin de extender los programas de formación de ocho facultativos, mientras en septiembre y noviembre de 2019, cuando asumió Zúñiga, los montos llegaron a $417 millones y así pagar programas de capacitación y especialización de médicos cirujanos.
Frente a esta situación, la casa de estudios dio a conocer una declaración pública, donde precisan que “el Ministerio de Salud, a través de sus Programas de Especialidades Médicas, entrega becas de perfeccionamiento a los médicos que quieren estudiar una especialidad o sub-especialidad médica”, por lo que el Minsal “realiza un levantamiento en las universidades de los cupos disponibles de cada especialidad médica” para entregar dichos recursos.
La U. San Sebastián recalcó que el Ministerio de Salud entregó en 2020 un total de 1.300 becas, con un costo anual de $46 mil millones, “de ellas, 33 fueron asignadas a nuestra universidad, por lo que no hay discrecionalidad en la entrega de esos recursos”.
