“Bastará una crisis política, económica o religiosa, para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”. En tiempos como estos, las palabras de la filósofa francesa Simone de Beauvoir resuenan de forma clara. El surgimiento de nuevos/viejos liderazgos, junto a la instalación de retóricas violentas, segregantes y, en muchos casos, deshumanizantes nos recuerdan que, efectivamente, los derechos de las mujeres nunca se pueden dar por “adquiridos” y que aún necesitamos de un trabajo constante para la protección de los avances que la sociedad ha conquistado.
Esto es incluso más dramático en aquellos espacios donde menos visibilidad tienen los problemas que enfrentan las mujeres, como ha ocurrido sistemáticamente en el mundo de la defensa ambiental. Sabemos las enormes amenazas que enfrentan quienes realizan estas tareas, y que frecuentemente deben soportar hostigamiento, la criminalización de sus actividades e, incluso, en muchas oportunidades han sido asesinados por oponer resistencia al avance de actividades contaminantes sobre sus hogares, que amenazan a la biodiversidad y sus formas de vida.
Y aunque la situación es difícil para todos quienes protegen sus territorios, la interseccionalidad juega un rol crucial al amplificar estos riesgos en determinadas comunidades de mujeres, sobre todo campesinas, indígenas o afrodescendientes, quienes además son las más vulnerables a las consecuencias de la crisis climática y a la mayor ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.
Pese al gran desgaste físico y emocional de sentirse permanentemente en riesgo, son estas mujeres quienes identifican los problemas, catalizan los cambios y, eventualmente, implementan las mejoras en sus territorios. La razón es que son ellas quienes más conocen las necesidades y los problemas a los que están expuestas, sobre todo si consideramos que muchas veces los hombres deben partir a grandes ciudades a buscar trabajo, dejándolas a cargo de la administración del hogar y los hijos.
Sin embargo, aunque son las que mejor conocen los desafíos que enfrentan los territorios -zonas inundables, acceso al agua, distancias y rutas más recorridas- y quienes más participan en iniciativas de protección de biodiversidad en ellos, aún tenemos enormes barreras para su inclusión efectiva en la toma de decisiones. Un ejemplo, es que cuando miramos las políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático, muy pocas están construidas con consideración de género o contemplando una alta participación de mujeres locales en su desarrollo.
Se ha demostrado que la participación y liderazgo de mujeres en proyectos territoriales ha tenido importantes impactos positivos: ejemplo de ello es que Naciones Unidas ha reportado que el número de proyectos de agua potable en India es un 62% más elevado en áreas que tienen consejos locales dirigidos por mujeres. Del mismo modo, un estudio de la Universidad de Exeter (Reino Unido) sobre proyectos de energía subraya que “a mayor presencia de mujeres en puestos de decisión en materia energética, más respuesta a las necesidades de los ciudadanos y a la lucha contra el cambio climático”, lo que evidencia lo crucial que es contar con su mirada para el beneficio de toda la comunidad..
Tenemos grandes desafíos: necesitamos que las voces de las mujeres y las soluciones que ellas proponen sean más escuchadas y contempladas en la toma de decisiones territoriales, pero también que se generen espacios seguros para que ellas puedan participar de la discusión pública en torno a estas temáticas.
Sabemos que incorporar sus voces en la planificación y ejecución de políticas públicas fortalece la resiliencia de las comunidades y mejora la capacidad de respuesta ante futuras crisis, y que garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres no sólo es una cuestión de equidad, sino también una estrategia fundamental para afrontar las problemáticas ambientales y, especialmente, la crisis climática y sus consecuencias en nuestras vidas.
