Durante los últimos años se ha venido asentando un diagnóstico crítico sobre nuestro sistema de partidos. Si bien en este análisis intervienen diversos factores, la deficiente regulación de las colectividades es uno de los principales elementos en entredicho, al punto de que ha terminado dando origen a un consenso relativamente transversal en torno a la importancia de reformar parte de sus aspectos medulares.
Sin ir más lejos, existen diferentes normas que disciplinan cuestiones centrales sobre estas entidades y que han surgido a propósito de iniciativas o negociaciones aisladas, escenario que ha terminado dando forma a un sistema de partidos en donde las partes difícilmente conversan con el todo. Un ejemplo paradigmático al respecto lo constituye la flexibilización de los requisitos para constituir colectividades.
Los partidos políticos son actores fundamentales dentro de todo régimen democrático, pues operan como intermediadores entre la ciudadanía y el poder, contribuyendo con la representatividad de las autoridades y la gobernabilidad del orden institucional. Por lo mismo, es necesario que como comunidad política seamos capaces de generar las condiciones propicias para que estas entidades cumplan con su cometido.
Si bien puede ser complicado identificar un punto de partida para la necesaria reforma de nuestro sistema de partidos, durante el último proceso constituyente surgieron una serie de propuestas que pueden servir como provocación inicial para la discusión. En efecto, tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional impulsaron distintas medidas orientadas al fortalecimiento de las alicaídas colectividades.
En este sentido, estos órganos no solamente concibieron nuestro sistema de partidos como un todo armónico, sino que también promovieron innovaciones de interés, tales como: (i) la incorporación de las órdenes de partido, (ii) la consagración de la renuncia al partido como causal de pérdida del escaño, (iii) el aumento de las firmas necesarias para constituir nuevos partidos, o (iv) el establecimiento de un umbral mínimo de votos para acceder a la distribución de escaños, entre otros.
De acuerdo con la última encuesta CEP, sólo un 4% de los encuestados confía en los partidos políticos. Es evidente que esta alarmante cifra no se debe exclusivamente a la deficiente regulación de las colectividades, pero no cabe duda de que una reforma integral al sistema de partidos representa el primer paso en la larga senda que implica reivindicar el rol que desempeñan estos pilares del sistema democrático
