Apuntar a una migración ordenada, ampliar las causales por las que los extranjeros pueden ser expulsados en caso que hayan delinquido, y priorizar a los chilenos en temas como salud y educación, son algunos de los aspectos incorporados en el proyecto que modifica la Ley de Migración que fue aprobada por la Cámara de Diputados.
La iniciativa, que avanzó al Senado para su segundo trámite, aumenta las exigencias para que los migrantes obtengan la carta de nacionalización, e incorpora temas como la violencia intrafamiliar, el porte de armas, el homicidio calificado y la explotación sexual como causal de expulsión del país.
El proyecto contempla, además, la posibilidad de revocar los permisos de permanencia en el país a aquellos extranjeros que cometan incivilidades reiteradas, como riñas y ruidos molestos, pero también a quienes se dediquen al comercio irregular.
“Esta legislación pone normas más estrictas que de alguna manera se alinean con lo que es la legislación internacional“, manifestó sobre el proyecto de Ley de Migración la ministra del Interior, Carolina Tohá.
A la vez, la iniciativa aumenta de cinco a diez años el período en que un ciudadano extranjero debe vivir en Chile para obtener la nacionalidad, además de incorporar varias causales por las cuales se le puede revocar o negar la nacionalidad a un migrante.
Prioridad para los chilenos en educación y salud
De acuerdo a lo establecido en el texto que pasó al Senado, la nueva Ley de Migración incorpora además cambios en materias como educación, salud y vivienda.
En el primer caso, el texto establece la obligación de los establecimientos educacionales de enrolar a los alumnos que estén en una situación migratoria irregular, lo que también se debe realizar en los centros de atención de salud pública.
De igual forma, la iniciativa pone fin a la actual modalidad según la cual, ante una situación en que una familia migrante y una chilena optaran al ingreso a un colegio en igualdad de condiciones, la primera tenía prioridad por considerarse la migración un elemento extra de vulnerabilidad. De esta forma, ante situaciones similares, la primera opción será para la familia nacional.
Según precisa el texto, “el Estado garantizará el acceso a la enseñanza preescolar, básica y media a los extranjeros menores de edad establecidos en Chile, en las mismas condiciones que los nacionales“.
Al referise a la aprobación del proyecto en la Cámara, el director de Migraciones, Luis Thayer, resaltó las modificaciones en los servicios básicos como salud y educación.
“No podemos aceptar que se priorice por condición migratoria a una persona para acceder a un derecho social. Entonces, esta norma que se aprobó con apoyo unánime sobre educación y con un matiz que tenemos nosotros, va en esa dirección, que no haya ningún tipo de priorización que postergue la posibilidad de una familia chilena de que su niño ingrese a un jardín infantil” o sea atendido en un centro de salud.
Qué dice la Ley de Migración sobre vivienda y trabajo
En el caso de las viviendas, el proyecto prohíbe que quienes permanezcan en condición migratoria irregular puedan subarrendar una propiedad.
Además, la norma incorporó la penalización para quienes contraten a trabajadores que se encuentran de manera irregular en el país, algo que criticó el Ejecutivo a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseveró que “lo que va a hacer esa norma es promover el trabajo ilegal”.
En esa línea, añadió que de aprobarse como fue despachada desde la Cámara, el proyecto inhibirá “que los empleadores faciliten procesos de regularización de sus trabajadores, e impulsará que no se paguen cotizaciones y derechos sociales básicos, cargando de nuevo los sistemas de salud y de educación porque no se pagan los derechos sociales como se debe“.
El proyecto de la nueva Ley de Migración fue aprobado por 142 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.