En el último tiempo, el gobierno ha instalado como característica de las políticas que promueve el nuevo concepto de “autocontenidos”. De forma explícita han calificado de esta manera al proyecto de subsidio eléctrico y al nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que reemplaza al CAE. Si bien las críticas principales a dicho eufemismo apuntan a la creación de un impuesto en forma encubierta, el concepto de autocontención se refleja también en otros ámbitos, que dan cuenta de un fenómeno más grave que no es de carácter meramente impositivo: la “autocontención” de la sociedad civil en ámbitos donde el Estado está al debe. En definitiva, una nueva manera de referirse al “marco de lo público” acuñado por Atria.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con el proyecto de convivencia escolar aprobado por la Cámara la semana pasada en primer trámite constitucional. El Estado constata un problema –la violencia escolar– y para solucionarlo impone a los establecimientos educativos una serie de reglas, protocolos y sanciones. El hecho de que estas soluciones no sirvan para enfrentar la problemática es obvio, pero forma parte de otra discusión. El punto es que el Estado en vez de entregar nuevas herramientas a las comunidades educativas para hacerse cargo de la violencia escolar, las reprime estableciendo nueva regulación y más sanciones.
Algo similar, pero de mayor gravedad, ocurre con el Sistema de Protección Especializado de la Niñez. El diagnóstico sobre la necesidad de cambiar la institucionalidad del SENAME y priorizar un nuevo enfoque de calidad, especialidad y personalización en las residencias fue completamente acertado. Sin embargo, este no ha venido acompañado de un financiamiento acorde a lo solicitado, ni de la generación de incentivos adecuados para la apertura de nuevas plazas y residencias–, teniendo como consecuencia sobrecupos que repercuten negativamente en el cumplimiento de los estándares solicitados, y aplicación de multas por parte del Estado. La gran cantidad de licitaciones desiertas en la materia son una pequeña muestra del gran problema al que nos vemos enfrentados en el peor ámbito donde el Estado podría fallar: los niños vulnerados.
En el fondo, la nueva izquierda está impedida de prescindir de la sociedad civil porque no lograría cumplir los compromisos sociales sin ella, pero la reprime o “autocontiene” hasta volverla incapaz de cumplir sus objetivos. El Estado falla, pero culpa a los privados a quienes impone nuevas restricciones. El problema está en la incapacidad de percatarse de que la iniciativa privada sólo puede ser una fuente de energía renovable si se le cuida adecuadamente y existen los incentivos para que su vocación o misión, muchas veces meramente altruista, pueda desarrollarse adecuadamente.
Es cierto que el Estado necesita a la sociedad civil, pero no es menos cierto que la falta de incentivos y de financiamiento adecuado no solo socavan su potencial colaborativo, sino que además ponen en riesgo la capacidad del Estado para cumplir sus propios objetivos, especialmente en ámbitos tan críticos como la protección de los niños vulnerados y la contención de la violencia escolar. Si queremos sacar provecho de la vocación pública de la sociedad civil, es necesario frenar este nocivo enfoque, y priorizar el apoyo, la colaboración y la reproducción de los incentivos adecuados.
