El caso Audios abrió una verdadera “Caja de Pandora” al interior de la Corte Suprema, ya que dejó al descubierto una serie de episodios que darían cuenta de episodios de tráfico de influencias y otras irregularidades en el Poder Judicial, lo que ha hecho que se anuncien una serie de acusaciones constitucionales contra los involucrados, donde destacan los nombres de María Teresa Letelier, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, a los que se suman jueces como Mario Carroza y Sergio Muñoz.
La primera voz de alerta sobre la situación del juez Mario Carroza, a cargo de casos emblemáticos como la Caravana de la Muerte, el Caso Quemados y las muertes de Alberto Bachelet, Pablo Neruda y Eduardo Frei Montalva, la levantó la diputada Camila Flores (RN), quien adelantó que la bancada de su partido prepararía un líbelo en su contra.
Esto, luego que salieran a la luz, en un reportaje de Ciper, las conversaciones que sostuvo con el ahora ex magistrado Juan Antonio Poblete, de la Corte de Apelaciones de Copiapó, para “digitar” nombramientos de notarios.
“Si nosotros vamos a acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema por ilegalidad, de faltas a la probidad, por reproches éticos o morales, tiene que ser a todos quienes hayan cometido estas mismas acciones. Y por cierto, que a Mario Carroza es uno de ellos. Más allá del historial histórico que ha tenido y largo Mario Carroza de faltas a la probidad y de, legítimamente, el cuestionamiento que muchos nos hacemos a cómo él ha impartido justicia, entre comillas, otra cosa muy distinta es lo que estamos hablando acá, que permiten, ciertamente, justificar la acusación constitucional desde el punto de vista jurídico para poder iniciarla”, argumentó la parlamentaria.
Ante este escenario, Mario Carroza se mostró tranquilo y expresó que la presentación de una acusación en su contra es parte de las facultades del Poder Legislativo, indicando a CNN Chile que “el Congreso, en este caso los diputados, tienen todo el derecho, porque están usando sus facultades fiscalizadoras y me parece muy bien que ellos las ejerzan”.
Consultado sobre si tiene temor de ser inhabilitado, Carroza recalcó que “no. Por el contrario, nosotros somos autoridades públicas que tenemos que estar al escrutinio público”.
La filtración de información que complica a Sergio Muñoz
Otro magistrado que ha estado en el ojo del huracán en los últimos días es Sergio Muñoz Gajardo, quien en su minuto tuvo a cargo el Caso Tucapel Jiménez, la investigación contra Claudio Spiniak y la causa por el Banco Riggs.
Muñoz, quien es parte de la cuestionada Tercera Sala de la Corte Suprema -al igual que Mario Carroza y hasta hace pocos días Ángela Vivanco- fue denunciado por la Inmobiliaria Fundamenta de filtrar información a su hija, la jueza de garantía Graciela Muñoz.
En la presentación realizada por el abogado Marco Antonio Fuentes, se acusa al juez del máximo tribunal de entregar “información sensible y detallada” a su hija respecto al proceso de devolución de bonos por las promesas de compraventa de dos departamentos que realizó la abogada.
“Graciela Muñoz le señala a Valentina Riquelme (ejecutiva de Inmobiliaria Fundamenta) que este proceso puede durar años y no creo que quiera, ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento no porque sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa de la Corte Suprema“, consigna parte de la denuncia dada a conocer por El Mercurio.
En esta línea, la jueza de garantía le confidenció a la ejecutiva que Sergio Muñoz le recomendó “mover las platas del proyecto”. Esto, mientras estaban pendientes una serie de recursos presentados por la inmobiliaria en la Tercera Sala de la Suprema, presidida justamente por Muñoz.
Para Fuentes, esto “conlleva a determinar que la información privilegiada con la que contaba el ministro Sr. Sergio Muñoz fue utilizada para intentar que su hija, Graciela Muñoz, obtuviera un beneficio económico con los dineros invertidos en los diversos proyectos de Inmobiliaria Fundamenta”.
