Este lunes se conoció el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, el cual fue de 0%, muy por debajo de las estimaciones que lo situaban en torno al 0,8 y 2%, por lo que Mario Marcel, ministro de Hacienda, reconoció que la meta de La Moneda de lograr un crecimiento del 2,6% no será cumplida.
“Si bien podemos tener mejoras en los meses siguientes, la actividad que se pierde ese mes no se recupera. Por lo tanto, con esta cifra lo que uno puede decir es que el 2,6% de crecimiento que esperábamos para este año ya no se va a poder cumplir”, expresó el secretario de Estado en conferencia de prensa.
Marcel precisó que “vamos a hacer una actualización de nuestras proyecciones una vez que tengamos las cifras trimestrales. Obviamente las diferencias no van a ser gigantescas, pero sí queremos tener una actualización que sea mejor informada”.
A pesar de estas cifras, desde el Ejecutivo reiteraron sus críticas a los “agoreros de malos pronósticos”, cómo indicó la titular del Trabajo, Jeannette Jara.
“Hay que recordar que el año pasado se esperaba por parte de algunos analistas de la oposición de que tuviéramos resultados negativos, lo que no ocurrió, y este año se proyectan resultados positivos que, por cierto, nos gustarían a todas y a todos que fueran aún más al alza, pero que se dan en un contexto en el cual hemos estado recuperando y normalizando el país”, sostuvo la secretaria de Estado.
Debilidad del mercado laboral y entorno regulatorio: las razones del bajo crecimiento
George Lever, gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, apuntó que los factores que explican este Imacec del 0% y la caída en las expectativas de crecimiento económico “destacan las altas tasas de interés que persisten pese al proceso de recortes que lleva a cabo el Banco Central, la debilidad del mercado laboral, presionado por un entorno regulatorio cada vez más complejo, la debilidad de la inversión, las caídas en la productividad, y un contexto externo con señales mixtas”.
Lever agregó que, en materia laboral, las amenazas continúan proviniendo desde el frente legislativo y regulatorio, con más de 15 iniciativas que podrían incrementar aún más los altos costos de contratación, por lo que “insistimos en la necesidad de evaluar responsablemente dichos impactos y su acumulación, debido a que representan el principal factor tras el deterioro que ha sufrido la capacidad de creación de empleo en la economía”.
Por su parte, desde la Cámara Minera de Chile, su presidente Manuel Viera, pidió al Ejecutivo una nueva versión del decreto 600, creado en 1974 y que permitía a los inversionistas extranjeros solicitar la suscripción de un contrato de inversión con el Fisco, dónde se posibilita remesar el capital con el objeto de estimular la inyección de recursos en sectores productivos y de servicios.
Junto con ello, Viera argumentó que “las autoridades deberían analizar la posibilidad de rebaja tributaria, como se hace en Perú, invitar a hacer exploración, la que es la principal etapa y además de alto riesgo financiero para encontrar potenciales yacimientos, ya hemos perdido 10 años y no tenemos nuevos proyectos brownfield”.
