La Universidad Pública gratuita desempeña un rol fundamental en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, y se consolida como un derecho fundamental que permite el acceso a la educación superior sin discriminación de condiciones socioeconómicas. Este derecho, sin embargo, no siempre es accesible para todos, ya que la realidad de los promedios y el sistema de ingreso limita las posibilidades de miles de estudiantes con capacidad y deseo de profesionalizarse. La idea de una universidad pública gratuita que favorezca el ingreso de aquellos que, por diversas circunstancias, no alcanzan los promedios establecidos, no es solo una cuestión de apoyo social, sino de justicia y equidad.
En este sentido, el acceso a la educación no debe depender exclusivamente del rendimiento académico previo, sino que debe contemplar una visión más amplia de las circunstancias personales, familiares y sociales que inciden en el desempeño de un estudiante en sus etapas iniciales.
La educación superior, especialmente en las universidades públicas, es una de las herramientas más poderosas para la movilidad social, la inclusión y el desarrollo de competencias profesionales. Sin embargo, cuando se exige un promedio alto para acceder a las universidades, se establece una barrera de entrada que, aunque inicialmente pueda parecer justa, en realidad favorece a quienes tuvieron acceso a mejores oportunidades educativas desde temprana edad. Así, la exclusión que sufre un joven al no alcanzar el promedio de ingreso a la universidad pública refleja no solo sus resultados académicos, sino también las carencias estructurales y las desigualdades que arrastra desde su formación básica y media.
En este contexto, el Estado debe asumir la responsabilidad de brindar oportunidades para quienes no alcanzan los requisitos convencionales, a fin de construir un modelo que respalde a aquellos estudiantes que, con un entorno adecuado, pueden desarrollar sus capacidades y aportar al progreso de la sociedad.
El papel de una universidad pública gratuita, que contemple programas de acceso y apoyo a estudiantes con bajos promedios, no debe verse como un acto de indulgencia, sino como un acto de justicia social. Las diferencias en rendimiento académico no siempre reflejan la falta de esfuerzo o de potencial en el estudiante, sino el resultado de factores externos: limitaciones económicas, contextos familiares difíciles, desigualdades en la calidad de la educación recibida, problemas de salud y otras realidades que afectan de manera desigual a la población estudiantil. Al permitir el ingreso de estos estudiantes, la universidad pública no solo garantiza el acceso a la educación, sino que envía un mensaje importante: en una sociedad democrática y justa, todos deben tener la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a la educación superior, independientemente de su contexto de origen. La universidad se convierte así en un espacio inclusivo y en una herramienta para nivelar el terreno de juego, generando oportunidades reales de ascenso social y desarrollo personal.
La implementación de una universidad pública gratuita con políticas de inclusión para estudiantes de bajo promedio implica, además, una reformulación de los criterios de ingreso y la creación de programas de apoyo académico y emocional para estos estudiantes. La experiencia de otros países que han adoptado modelos de educación inclusiva sugiere que el acceso a programas de refuerzo y orientación no solo incrementa la tasa de retención estudiantil, sino que también mejora significativamente el rendimiento académico y reduce la deserción. Esto es especialmente relevante en aquellos estudiantes que, debido a su entorno, pueden haber desarrollado competencias diferentes a las valoradas en el sistema tradicional, pero que, con el apoyo adecuado, logran adaptarse y prosperar en el ámbito académico. Así, la universidad se convierte en un espacio que fomenta el crecimiento integral de los estudiantes, promoviendo no solo el conocimiento técnico, sino también habilidades críticas, sociales y emocionales necesarias para el desarrollo profesional.
De esta manera, la universidad pública inclusiva actúa como un factor de cohesión social. Al permitir el acceso a la educación a quienes tradicionalmente han estado excluidos, reduce la brecha entre las diferentes clases sociales y combate el ciclo de pobreza que, de otro modo, seguiría reproduciéndose en las familias de bajos recursos. Este enfoque inclusivo no solo beneficia a los estudiantes, sino a la sociedad en su conjunto, ya que una población más educada y profesionalizada contribuye al desarrollo económico, social y cultural de una nación. Además, al integrar a estudiantes de diversas procedencias y experiencias, se enriquece el ambiente universitario, promoviendo la empatía, la comprensión y la diversidad como valores esenciales para una convivencia democrática y plural. La universidad deja de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en un bien común, accesible a todos, que fomenta la equidad y que refuerza el principio de que el conocimiento y la educación son derechos y no un lujo reservado para quienes pueden permitírselo.
Es importante considerar que, en muchas sociedades, la idea de establecer programas de acceso para estudiantes de bajo promedio en la universidad pública encuentra resistencia bajo el argumento de que esto podría “bajar el nivel” o “perjudicar la excelencia académica”. Sin embargo, esta visión ignora el hecho de que la excelencia educativa no reside únicamente en el promedio de ingreso, sino en la capacidad de la institución para adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades de una población diversa. Los programas de acceso inclusivo en la universidad pública no buscan disminuir los estándares, sino ofrecer oportunidades para que más estudiantes alcancen dichos estándares mediante el apoyo necesario. Además, la diversidad de experiencias y perspectivas en el aula genera un ambiente de aprendizaje más rico, donde los estudiantes pueden entender y apreciar las realidades de sus pares y aprender a trabajar juntos en la construcción de soluciones colectivas. Este tipo de educación inclusiva, lejos de ser una amenaza a la calidad académica, enriquece el proceso de aprendizaje y fomenta una comprensión más profunda y crítica del mundo.
El impacto positivo de una universidad pública inclusiva también se refleja en el ámbito laboral. Muchos de los jóvenes que no logran ingresar a la universidad debido a los promedios de selección terminan ocupando empleos precarios y mal remunerados, sin posibilidad de avanzar profesionalmente. Este fenómeno no solo afecta su desarrollo personal, sino que contribuye a la perpetuación de un sistema de desigualdad estructural. La falta de acceso a la educación superior limita las oportunidades de movilidad social y perpetúa la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a una formación profesional.
Al abrir las puertas de la universidad a estos jóvenes, se ofrece una vía para que desarrollen sus talentos, generen ingresos estables y mejoren su calidad de vida, al tiempo que contribuyen con su trabajo al desarrollo del país. La sociedad necesita profesionales que provengan de todos los contextos y que aporten sus experiencias y perspectivas únicas al campo laboral, contribuyendo así a una economía más inclusiva y a un tejido social más cohesionado.
Una universidad pública gratuita que promueva la inclusión de estudiantes de bajo promedio también implica un compromiso ético y moral de parte de la sociedad. La idea de justicia social se funda en el principio de igualdad de oportunidades, en la convicción de que todos los seres humanos tienen el derecho a alcanzar su máximo potencial sin importar su punto de partida. La educación es un derecho humano fundamental y no debe ser un privilegio reservado para quienes pueden demostrar un alto rendimiento académico en circunstancias adversas. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en general facilitar el acceso a la educación superior para todos, reconociendo las barreras que enfrentan ciertos sectores de la población y ofreciendo soluciones efectivas para superar esas barreras. No se trata de “regalar” un título, sino de brindar a cada individuo las herramientas necesarias para que, con esfuerzo y dedicación, pueda alcanzar sus metas personales y profesionales.
El acceso a la universidad pública gratuita con políticas de inclusión para quienes no alcanzaron el promedio de ingreso debe entenderse también como una inversión en el futuro. Los beneficios de una población más educada y profesionalizada se reflejan en todos los ámbitos de la sociedad: en la reducción de la pobreza, en el aumento de la productividad, en la mejora de la salud pública y en la disminución de la criminalidad. Un sistema de educación superior inclusivo y accesible para todos es, en última instancia, una herramienta poderosa para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Al permitir que más personas accedan a la universidad, se abren puertas a nuevas ideas, se promueve la innovación y se fortalece la capacidad del país para enfrentar los desafíos del futuro.
La educación e instrucción no pueden ser bienes de consumo. La necesidad de una universidad pública gratuita que promueva la inclusión de quienes no alcanzan el promedio de ingreso es un tema que va más allá de las cifras y estadísticas. Es una cuestión de justicia social, de equidad y de compromiso con los principios fundamentales de una sociedad democrática. Al ofrecer oportunidades de acceso y programas de apoyo para estos estudiantes, la universidad pública se convierte en un verdadero motor de transformación social, en un espacio donde todos tienen la posibilidad de desarrollarse, sin importar su contexto de origen. La educación superior no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos, y la universidad pública inclusiva es el primer paso para hacer realidad esta visión de una sociedad más justa e igualitaria.
