La diputada Camila Flores (RN) finalmente no presentará la acusación constitucional que había anunciado en contra del ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, cuestionando duramente a las bancadas de la UDI, Renovación Nacional y Republicanos, aseverando que presionaron a sus parlamentarios para retirar el apoyo.
Si bien en un primer momento se informó que el libelo se presentaría este miércoles, el documento solo sumó los apoyos de la propia Flores, Cristián Labbé (UDI), Christian Matheson (IND-Evópoli) , Johannes Kaiser (PNL) y Leonidas Romero (IND).
La intención era acusar a Mario Carroza, integrante de la Tercera Sala del máximo tribunal y juez a cargo del caso por la muerte de Jaime Guzmán, por tráfico de influencias vinculadas al nombramiento de notarios.
En un punto de prensa en la Cámara de Diputados, la legisladora aseguró que “debido a una serie de presiones del más bajo nivel, presiones que se han generado realmente de manera insólita a algunos de los firmantes (…) para que retiren su firma, hemos decidido -por ahora- no presentar la acusación constitucional”.
En esta línea, recalcó que no entiende por qué “desde la UDI y desde Renovación Nacional, existe este manto de protección al ministro Mario Carroza para que no sea acusado constitucionalmente. No entendemos cuáles son las presiones de los poderes fácticos para proteger a este ministro que ha sido denunciado, incluso por Asociación de Funcionarios de la Corte Suprema”.
Camila Flores reiteró que “desde la UDI y RN han decidido simplemente protegerlo. No han querido, por ahora, perseverar en esta acción y han presionado a algunos de los firmantes que, al parecer no gozan de la virtud de la valentía, para perseverar”, dijo.
“Me gustaría que la prensa pudiese conversar con las jefaturas de bancada de los distintos partidos -de la UDI, de RN, del Partido Republicano- para saber por qué ellos han presionado para que estos parlamentarios retiren sus firmas”, agregó.
Sus dichos fueron compartidos por Johannes Kaiser, quien declaró que “evidentemente existe, en Chile, una red que es transversal de apoyo desde y de los magistrados. El nombramiento político de los magistrados ha llevado a alianzas que, nosotros estamos viendo ahora, rinden ciertos frutos”, apuntando a “la protección de ciertos magistrados que, nosotros creemos, debiesen estar siendo acusados constitucionalmente también. No puede ser que nosotros limpiemos solamente la mitad de la cocina”.
“Los sectores políticos representados en esta Cámara, de derecha a izquierda, tienen la obligación de cumplir con su deber y de acusar constitucionalmente a magistrados que hayan incurrido en las faltas que nosotros creemos han incurrido. Son de público conocimiento”, sentenció.
